A mediados del siglo XX, los contratos de concesión petrolera se convirtieron en el principal mecanismo de gestión de exploración y producción (EyP) de hidrocarburos, especialmente en Latinoamérica y el mundo árabe. Estos contratos otorgaban amplias prerrogativas a las empresas petroleras internacionales (EPI), incluyendo la titularidad sobre los hidrocarburos por periodos extendidos, sin exigencias significativas como un programa mínimo de trabajo en EyP que se alineara con los intereses energéticos del país anfitrión (PA).
Esta situación comenzaría a cambiar a través de la revisión de los sistemas impositivos sobre la renta de los países anfitriones, buscando la maximización de las ganancias petroleras, el nacimiento de la OPEP, la constitución de las empresas petroleras nacionales (EPN) y la sofisticación técnica de los ministerios de energía, dándose una evolución hacia modelos contractuales más equitativos y regulados.
Las concesiones petroleras originarias ofrecían a las EPI derechos extensos e ilimitados en el tiempo sobre los recursos petroleros. Este paradigma comenzó a transformarse debido a iniciativas globales y regionales que reconocieron la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, impulsaron un reparto más equitativo de las ganancias petroleras y fomentaron en algunos casos la nacionalización de la industria. Este proceso evolutivo resultó en la redefinición de la relación entre países productores y compañías petroleras, mediante la adopción de nuevos modelos contractuales que reflejan un mayor equilibrio entre los intereses de las partes y una participación estatal más activa.
Los contratos de concesión modernos (CA) permiten a las EPI gestionar la EyP de hidrocarburos de una forma autónoma, asumiendo los riesgos. Estos contratos, usados globalmente, otorgan a las EPI la propiedad de la producción dentro de un bloque específico, usualmente por un período no mayor a 20 años, permitiéndoles comercializar libremente el petróleo o gas extraído. El PA mantiene la propiedad del recurso en el subsuelo y recibe una regalía basada en la producción, además de otros beneficios e impuestos relacionados. Estos contratos incluyen también cláusulas sobre el empleo de trabajadores nacionales y la obligación de compartir información técnica con el PA.
Los acuerdos de producción compartida (PSA) y los acuerdos de servicio a riesgo (RSA) son formas de contratos petroleros que han sido utilizados en varios países para la explotación de recursos hidrocarburíferos donde las EPI actúan como contratistas.
Los PSA, popularizados por primera vez en Indonesia en la década de 1960, permiten a las EPI operar en un área designada bajo el control directo del país anfitrión, generalmente a través de la EPN. Bajo este acuerdo, la EPI asume sus propios costos y riesgos, y si se encuentra petróleo durante la exploración, parte de la producción se comparte entre la EPI y el PA considerándose la recuperación de costos.
Los RSA, son contratos de servicios en los que la EPI proporciona fondos para la exploración y el desarrollo, asumiendo el riesgo financiero, pero sin obtener derechos de propiedad sobre el recurso. La EPI recibe reembolsos por sus costos y una tarifa por los riesgos asumidos. Estos contratos han sido vitales para la cooperación en la industria entre empresas nacionales e internacionales.
Los convenios de participación (JV) implican la colaboración estrecha entre la EPI y el PA, donde este último adquiere una participación accionaria en la empresa extranjera, convirtiéndose así en coinversor en las operaciones petroleras. También encontramos la figura de empresas mixtas, donde se crea una nueva entidad jurídica, en la que tanto la EPI como la EPN tienen acceso a su propia participación en la producción, teniendo la EPN generalmente una mayoría accionaria y, por ende, control decisivo.
Por último, debemos destacar los acuerdos de operación conjunta (JOA) que son vitales en la industria petrolera y gasífera, ya que establecen el marco contractual para múltiples actores que comparten licencias, recursos y riesgos en un proyecto energético internacional. Estos acuerdos son fundamentales para distribuir las responsabilidades y costos operativos entre todas las partes involucradas, garantizando así un desarrollo eficiente y sostenible de los campos petroleros.
En el contexto latinoamericano, donde se proyecta un aumento significativo en la producción petrolera, la implementación efectiva de estas estructuras contractuales se vuelve crucial para asegurar la competitividad en el mercado energético global. Considerando la necesidad de producir hidrocarburos con bajas emisiones de carbono y la presión ambiental cada vez mayor, la adopción de estos modelos contractuales puede no solo revitalizar el mercado energético latinoamericano, sino también garantizar una producción más sostenible a nivel regional. En este sentido, la capacidad de adaptación y la estabilidad jurídica jugarán un papel fundamental en el éxito de las empresas y países que busquen aumentar su producción de manera eficiente.
Artículo de Alfonso Seva, de Venfort Abogados
