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jueves 13, junio 2024

El Aeropuerto Internacional de Bávaro frenado judicialmente y por conflictos de intereses

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El proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), anunciado en febrero del 2020, representaba una parte crucial del plan dominicano para atraer a diez millones de turistas anuales. La construcción del AIB, a 24 km del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), buscaba complementar la infraestructura turística existente. Sin embargo, desde su concepción, el proyecto ha estado plagado de controversias y desafíos legales que culminaron en su paralización definitiva.

Inicios y aprobación del proyecto

En un esfuerzo por aumentar la capacidad turística del país, el Grupo ABRISA, liderado por Abraham Hazoury, en colaboración con firmas internacionales de ingeniería, anunció una inversión de US$200 millones para construir el AIB. La primera fase del proyecto prometía recibir 2.5 millones de pasajeros y crear 7,000 empleos directos e indirectos. La Comisión Aeroportuaria aprobó el proyecto mediante la Resolución 6796, lo que en principio parecía un avance significativo para la región Este.

Abraham Hazoury. Fuente: UNIBE

No obstante, la propuesta del AIB rápidamente encontró resistencia. El Grupo Puntacana, propietario del PUJ, uno de los aeropuertos más transitados del país, expresó su oposición. Expertos como Peter Cerdá de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y Jacobo Ramos de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) plantearon serias preocupaciones sobre la viabilidad y seguridad del proyecto. Argumentaron que la proximidad del nuevo aeropuerto al PUJ podría llevar a ineficiencias operativas y riesgos de seguridad, además de no generar los empleos prometidos, sino redistribuir los ya existentes.

Suspensión y disputas legales

En octubre del 2020, la construcción del AIB fue suspendida por cuestiones ambientales y de seguridad. El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) revisó el permiso otorgado y encontró irregularidades, afirmando que la aprobación inicial violaba normativas jurídicas.

Abraham Hazoury respondió enérgicamente a las suspensiones, defendiendo la legalidad y viabilidad del proyecto y acusando a los detractores de intentar mantener un monopolio. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) intervino.

Intervención de la Suprema Corte de Justicia

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 2-24 (21/mayo/2024), anulando el Decreto 270-20, (21/julio/2020) que había sido aprobado. Esta decisión se basó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 3 de enero de 2024, que ordenaba la paralización del proyecto para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico dominicano.

Sentencias clave contra el proyecto del AIB

  1. Sentencia del 15 de diciembre de 2023: la Tercera Sala de la SCJ dictaminó que la solicitud para el establecimiento del AIB no se había presentado ante la entidad pública competente, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), sino ante la Comisión Aeroportuaria. La corte estableció que la Comisión Aeroportuaria no tenía la autoridad para aprobar tal solicitud, lo que invalida la resolución inicial.
  2. Sentencia SCJ-TS-23-1451: la misma corte concluyó que el Decreto 270-20 incurría en un exceso de competencia. Según esta sentencia, el decreto determinaba de manera directa cuál sería la empresa beneficiaria de la construcción y operación del aeropuerto, lo cual excede la atribución del Poder Ejecutivo. Legalmente, el Poder Ejecutivo solo puede aprobar o desaprobar el establecimiento de un aeropuerto en una ubicación determinada, sin especificar directamente los beneficiarios.

Otras sentencias y decisiones administrativas

  1. Resolución del Tribunal Superior Administrativo (TSA): el año pasado, el TSA rechazó un recurso contencioso administrativo presentado por el Grupo ABRISA contra una resolución del IDAC. Esta resolución había rechazado la solicitud de permiso de operación y la no objeción aeronáutica para el AIB. Este fallo fue un golpe significativo para los promotores del aeropuerto.
  2. Sentencia de abril de 2023 de la SCJ: en esta decisión, la SCJ rechazó un recurso de casación interpuesto por el Grupo ABRISA y el AIB que buscaba anular la decisión del TSA, que se había pronunciado en contra del proyecto. La corte mantuvo la validez de la resolución del TSA, reafirmando que las objeciones legales contra el proyecto eran fundadas.

Implicaciones de la derogación y futuro del proyecto

El Decreto 2-24 emitido por el presidente Abinader dispone que la anulación del Decreto 270-20 sea comunicada a todas las entidades relevantes, incluyendo la Comisión Aeroportuaria, el IDAC, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esta medida asegura que no queden dudas sobre la suspensión definitiva del proyecto.

Mientras tanto, Fernando Hazoury, del grupo Cap Cana, expresó que la región Este, con sus más de 50,000 habitaciones hoteleras, podría soportar otro aeropuerto. Sin embargo, evitó involucrarse directamente en la disputa, diferenciándose de su hermano Abraham.

La serie de resoluciones judiciales y la intervención del presidente Abinader marcaron el fin de un proyecto controvertido. La SCJ, en su fallo final, desglosó y refutó los argumentos del AIB, destacando la falta de procedimientos transparentes y la violación de las normativas de contratación pública.

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