La reciente decisión del Gobierno de transferir la gestión de tres estaciones de combustibles ubicadas en Miches, provincia El Seibo, a la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) ha generado posiciones encontradas entre distintos actores del sector hidrocarburos.
La medida se formalizó mediante un acuerdo entre el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) y Refidomsa, amparado en la Ley 60-23.
Las estaciones fueron incautadas durante la “Operación Falcón” y representan activos estratégicos para el Estado. Estas operan bajo tres marcas reconocidas y ahora estarán bajo gestión provisional de la única empresa estatal del sector de hidrocarburos del país.
Advierten podría generar competencia desleal
Ante esta decisión, Juan Elías Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas), expresó su preocupación por el impacto que podría tener sobre el mercado:
“Bueno, por un lado no estoy de acuerdo porque eso ya afectaría lo que es la cadena de comercialización de los combustibles. Refinería es importadora, recibe combustible refinado con mejores precios”, respondió.
El ejecutivo alertó sobre un posible impacto en el sector, al señalar que el Gobierno podría quedarse ofreciendo el servicio en el sector: “Ahorita o en unos cuantos meses le van cogiendo el gustico a la venta de combustible porque ellos, me imagino, estarán exonerados de lo que nosotros pagamos y los combustibles les van a salir prácticamente a precio de vaca muerta, mientras que nosotros vamos a tener que pagar todos los impuestos”.
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El presidente de Anadegas se refirió a las tasas de impuestos que pagan las estaciones por desechos sólidos, el 0.15 % por transacciones financieras, revisión en los ayuntamientos y el registro de estaciones. “O sea, un sinnúmero de impuestos que se les está cargando a los detallistas de combustibles. “Imagino que ellos van a salir exonerados de todo eso…”, comentó.
Pérez sugirió que, en lugar de competir con estaciones privadas, la Refinería podría suplirse a través de estas estaciones sin participar directamente en el mercado de detalle:
“…sea que ellos se suplan por medio de esas tres estaciones, pero no haciendo competencia con las demás estaciones de combustibles que pagamos. En cualquier problema que haya en el Estado, con unas reivindicaciones que nosotros necesitemos, van a estar ahí vendiendo al público, y le van a coger gustico y van a hacer compañías paralelas para competir con los detallistas de combustibles… Eso es prácticamente ir poco a poco monopolizando el negocio de los combustibles”.
Pérez añadió que, según su criterio, lo adecuado sería que las estaciones fueran administradas judicialmente:
“Eso es lo que manda ahí, nombrar un administrador judicial, un administrador que venga de la Procuraduría, que esté administrando ahí como si fuera un negocio privado. Porque ahorita llega la Refinería, hace 25 y 30 estaciones, y se convierte en una distribuidora”, manifesto.
Agregó que en caso de que la Refineria aumente su participación en el mercado, podría generar una escasez de combustible y las del Estado van a estar siempre llenas. “Primero la casa y después los demás. Y así por el estilo”, dijo el empresario.
El lado positivo del proceso
No obstante, otras voces en el sector consideran la medida como positiva. Omar Issa, de la Asociación de Distribuidores de Combustibles y Derivados (Adodicode), expresó:
“Bueno, para no favorecer a ninguna asociación o institución por encima de otra, entiendo que es una buena decisión”, señaló.
De su lado, Juan Matos, expresidente de Anadegas, destacó que se trata de una formalización legal de una situación ya existente:
“Eso es formalizando una formalización ya contractual con el nuevo organismo que fiscaliza y tiene a su cargo los bienes incautados y de extinción de dominio. Entonces ellos están ya formalizando, mediante un contrato con ese nuevo instituto que hay, las tres estaciones que ya ellos tienen, que son las tres de Miches. Pero ahí no hay nada nuevo”, expresó.
También el senador por Barahona, José del Castillo Saviñón, consideró que la acción tiene sentido desde la óptica de preservar activos estatales, aunque advirtió sobre la necesidad de regulaciones estrictas.
“Creo que la decisión es adecuada en la medida en que busca preservar activos del Estado. En este caso, estaciones de expendio de combustibles. Aunque la Refidomsa no es detallista de combustibles y solamente importa, es la única empresa estatal que opera en el sector de hidrocarburos y cuenta con una estructura comercial y técnica que bien podría desempeñar el rol de operador de estas estaciones incautadas”, agregó.
Sobre las exoneraciones, precisó: “Naturalmente, de conformidad con las disposiciones y regulaciones vigentes del MICM (Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes), en lo relativo a márgenes y precios, para evitar que su intrusión en el mercado del detalle se convierta en una competencia desleal, ya que, en su posición de empresa integrada desde la importación y aun siendo propiedad del Estado, debe cumplir con las mismas normas y prácticas de los demás actores del sector”.
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