La Ley de Reforma Tributaria de 2012 (Ley No. 253-12) creó, en su Artículo 20, un impuesto adicional de RD$ 2.00 por galón de gasolina y gasoil, tanto regular como premium, con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga.
El párrafo III del citado artículo dispone que el 25 % de los ingresos de ese impuesto se destinen exclusivamente al programa de renovación del transporte público, mientras que el 75 % restante debe emplearse para el desarrollo vial general.
Según estimaciones, el recaudado por este impuesto ha promediado RD$ 1,700 millones anuales durante el periodo 2018-2024, y para 2025 se proyectan RD$ 2,300 millones.
No obstante, hasta la fecha no se ha podido confirmar de modo público si los fondos recaudados han sido utilizados conforme al destino legal establecido. Esta falta de transparencia genera preguntas sobre la eficiencia del impuesto y su repercusión real en los sectores designados.
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El caso del GLP: un ingreso sin ley específica y sin claridad sobre su uso
Otro de los aportes más significativos proviene de la contribución por tonelada métrica de GLP (Gas Licuado de Petróleo), introducida mediante la Ley de Presupuesto Nacional No. 243-17 en 2018. Este pago se aplica al momento de la importación del combustible y equivale a US$ 174.50 por tonelada métrica.
La medida sustituyó beneficios establecidos en resoluciones previas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aunque en la práctica esta contribución se adiciona al Precio de Paridad de Importación (PPI), incrementando así el precio base sobre el cual se calcula el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
A pesar de ello, el componente no aparece desglosado públicamente en las estructuras semanales de precios del MICM, ni como parte del PPI ni dentro de los márgenes e impuestos informados.
Entre 2018 y 2024, la recaudación por este concepto ascendió a RD$ 64,600 millones, con un promedio anual de RD$ 9,200 millones y un crecimiento de alrededor del 4% anual. Para 2025, el presupuesto nacional estima ingresos por RD$ 10,700 millones, mientras que el proyecto de ley de 2026 proyecta un incremento del 10%, hasta alcanzar los RD$ 11,800 millones.
La normativa establece que estos fondos deben depositarse en el Fondo Especial de Solidaridad para la Prevención y Reconstrucción de las provincias afectadas por el cambio climático. No obstante, no se ha encontrado evidencia pública sobre la existencia, saldo o ejecución de este fondo, pese a que la contribución ha sido reintroducida de forma ininterrumpida en las leyes de presupuesto desde 2018.
En conjunto, ambos conceptos el impuesto adicional sobre gasolinas y gasoils, y la contribución al GLP han generado más de RD$ 66 mil millones en los últimos siete años. Sin embargo, la información disponible sugiere una falta de seguimiento y de transparencia sobre el uso final de esos recursos, que por ley deberían destinarse a programas específicos de renovación vehicular, desarrollo vial y mitigación del cambio climático.
Mientras los precios de los combustibles continúan siendo uno de los temas más sensibles para los consumidores, la opacidad en el manejo de estos fondos sigue siendo una deuda pendiente en materia de gestión pública y rendición de cuentas.
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