Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe”, revela que los elevados niveles de pérdidas eléctricas en la región están intrínsecamente ligados a complejos desafíos políticos e institucionales. Este fenómeno, que compromete el funcionamiento efectivo de los mercados eléctricos, se ve agravado en contextos de bajos ingresos, alta informalidad y débiles instituciones.
El informe subraya que la persistencia de pérdidas eléctricas se encuentra frecuentemente enmarcada en contextos políticos sensibles. Las pérdidas tienden a incrementarse durante períodos electorales y crisis económicas, reflejando una tolerancia que puede ser utilizada políticamente. En muchos casos, la falta de coordinación institucional para la prestación efectiva de servicios básicos y la implementación de políticas sociales progresivas permiten o toleran estas pérdidas como formas de transferencias informales.
Inequidad y costos sociales
La tolerancia a las pérdidas eléctricas es ineficaz para promover la equidad en el acceso a servicios eléctricos de calidad. El uso del robo de energía como mecanismo informal de subsidio es un medio poco transparente y discrecional, afectando a toda la sociedad con precios de electricidad más altos y una calidad de servicio deteriorada. El informe señala que alternativas como las tarifas sociales son más efectivas para garantizar la asequibilidad de la electricidad para las poblaciones más vulnerables.
Las pérdidas eléctricas también están asociadas a las características socioeconómicas de la población y la calidad institucional de los mercados eléctricos. Los shocks económicos, como el desempleo y la disminución de ingresos, afectan la capacidad de los usuarios para pagar sus facturas, lo que incrementa las pérdidas. Además, las conexiones eléctricas irregulares y la infraestructura precaria en asentamientos urbanos sin títulos de propiedad adecuados complican la regularización de dichas conexiones.
Un marco institucional débil, caracterizado por la falta de transparencia en la formación de precios y la recuperación de costos, afecta negativamente la gestión de las empresas eléctricas. Este entorno desincentiva la eficiencia operativa y comercial, perpetuando los problemas de pérdidas eléctricas.
El informe del BID destaca la necesidad de abordar los desafíos políticos e institucionales para reducir las pérdidas eléctricas en América Latina y el Caribe. Implementar políticas más transparentes y efectivas, como las tarifas sociales, y fortalecer las instituciones, son pasos cruciales para mejorar la equidad y la sostenibilidad del suministro eléctrico en la región.
