El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig, enfatizó la importancia de impulsar el financiamiento para lograr un sector energético soberano e independiente en la República Dominicana. Puig destacó que el gobierno está trabajando arduamente en esta dirección, con el respaldo del sector privado y la cooperación internacional.
Puig resaltó los avances significativos que se han logrado en el ámbito de la sostenibilidad energética, incluyendo la emisión de bonos verdes, el desarrollo de una taxonomía verde, y la obtención de certificados del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), posicionando al país como líder en la región de Centroamérica y el Caribe en este aspecto.
Uno de los logros destacados por Puig es la aprobación de 85 millones de dólares en financiamiento por parte de los Fondos de Inversión para el Clima (CIF) a través del programa de Aceleración de la Transición del Carbón (ACT). Estos fondos apoyarán la transición energética del país, una vez se apruebe el plan de inversión requerido.
Además, la República Dominicana fue seleccionada como uno de los cuatro países piloto del programa de Aceleración de la Transición Energética (ETA), lo que permitirá canalizar capitales de inversión mediante bonos o créditos de carbono. También, el país se unió a la Coalición para Impulsar la Superación del Carbón (PPCA), liderada por Reino Unido y Canadá, para promover la transición justa y ordenada del uso del carbón en el sistema eléctrico.
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Puig destacó la relevancia del sistema de gobernanza climática del país, que ha facilitado la articulación de múltiples actores y el apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, así como de donantes como Canadá y Estados Unidos.
El reciente taller sobre Mercados de Carbono en el Marco de la Transición Energética, organizado por el Ministerio de Energía y Minas junto con el CNCCMDL y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo del BID y el Banco Mundial, busca dotar al gobierno de las capacidades necesarias para desarrollar un mercado voluntario de carbono a nivel nacional.
