Desde el viernes, Colombia enfrenta una serie de protestas lideradas por transportadores de carga y pasajeros en rechazo al aumento del precio del combustible diésel, conocido como ACPM. La medida, anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, entró en vigor el sábado con un incremento de 0.46 centavos de dólar por galón, llevando el precio del diésel a US$2.79 por galón. Se espera que el incremento continúe en tres tramos adicionales hasta 2025, cuando el precio alcanzaría un total de US$4.09 por galón.
Jorge García, vocero de la Confederación Colombiana de Transportadores, explicó que la decisión de bloquear las vías se tomó debido a la “negligencia” del Gobierno, que no ha atendido las peticiones del sector. “Sabemos que estas protestas generan inconvenientes, pero el aumento del diésel afectará los precios de alimentos y productos básicos, lo que golpeará duramente a los colombianos”, señaló García.
Las principales vías de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, Nariño y Meta, así como los accesos a Bogotá, amanecieron este martes bloqueadas por camiones, autobuses y vehículos particulares que utilizan diésel. Estos bloqueos han afectado gravemente la movilidad, sobre todo en la capital, donde el sistema de transporte masivo TransMilenio ha visto su operación comprometida.
Justificación del Gobierno
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, han defendido la medida como un mal necesario. Según Bonilla, el congelamiento del precio del diésel durante 56 meses acumuló un déficit mensual de 1 billón de pesos (US$240 millones), lo que ha generado una carga insostenible para el país. “Con los 56 billones de pesos destinados a subsidiar el diésel, se podrían haber financiado proyectos de infraestructura o programas sociales”, destacó el ministro.
El presidente Petro, por su parte, instó a los transportadores a desistir de los bloqueos y buscar soluciones a través del diálogo. “No podemos mantener el diésel congelado porque la deuda afecta a los más pobres, que dejan de recibir recursos para combatir el hambre y mejorar la educación”, sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.
Impacto en la población
Las protestas y bloqueos han dejado a miles de usuarios del transporte público intermunicipal y urbano varados, obligándolos a buscar alternativas o soportar largas jornadas de espera. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que las Secretarías de Movilidad, Gobierno y Seguridad, junto con la empresa TransMilenio, están trabajando para mitigar el impacto en la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mantener el orden y la movilidad, las protestas continúan en varios puntos críticos del país. María Constanza García, ministra de Transporte, ha hecho repetidos llamados al diálogo, buscando que los transportadores se sumen a las negociaciones. “Queremos mantener un diálogo abierto para discutir las preocupaciones del sector”, afirmó en una declaración oficial.
Este aumento en el precio del diésel sigue un patrón similar al que se aplicó a la gasolina desde octubre de 2022, cuyo costo casi se ha duplicado desde entonces. El Gobierno ha argumentado que estos aumentos son necesarios para desmantelar los subsidios a los combustibles, una política que había sido implementada durante la pandemia de covid-19 para aliviar el impacto económico, pero que ahora está poniendo en riesgo la viabilidad fiscal del país.
Los transportadores, sin embargo, advierten que este aumento podría tener un efecto dominó en la economía, encareciendo el costo de vida de los colombianos al aumentar los precios de productos básicos debido al alza en los costos de transporte.
