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miércoles 22, mayo 2024

Santo Domingo, una ciudad saturada: congestionamiento vehicular y altas tasas de accidentes desafían a las autoridades

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La ciudad de Santo Domingo, considerada el epicentro económico y cultural de la República Dominicana, enfrenta un desafío monumental: el creciente congestionamiento vehicular y sus consecuencias mortales. Con más de cuatro millones de habitantes en su área metropolitana, la adquisición de vehículos se ha vuelto una prioridad para muchas familias de clase media y emergente.

El parque vehicular en RD

Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda, el parque vehicular de la ciudad cerró el año fiscal 2022 con un total de 5,463,996 unidades, marcando un incremento del 6.0 % respecto al año anterior. Las motocicletas representan el 56.1 % del total, seguidas por automóviles (19.9 %) y jeeps (11.4 %). Esta proliferación de vehículos, sumada a una cultura de violación frecuente de las leyes de tránsito, ha convertido a Santo Domingo en uno de los puntos críticos de accidentes viales a nivel mundial.

Las cifras son alarmantes: durante el período 2018-2020, la DIGESETT impuso 2,431,590 infracciones, con el no uso del casco protector en motocicletas representando aproximadamente el 26 % de ellas. En cuanto a las consecuencias mortales, cada año unas 3,000 personas pierden la vida en accidentes de tránsito, situando al país entre los primeros cinco lugares con las tasas más altas de mortalidad por cada 100 mil habitantes, según la OMS.

El impacto económico de esta situación es igualmente significativo. En 2019, se registraron 75 millones de horas perdidas debido al congestionamiento vehicular, lo que se traduce en 23 horas por habitante y 36 horas por usuario de coche. Estos tapones representaron un costo de US$180 millones, equivalente a casi medio millón de dólares diarios, situando a Santo Domingo en la novena posición en términos de congestión y costos asociados.

A pesar de estos desafíos, la ciudad muestra una relación favorable con respecto a su economía, representando apenas el 0.7 % del PIB local, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, la urgencia de abordar este problema persiste, ya que no solo afecta la movilidad y la seguridad de los ciudadanos, sino también su calidad de vida y desarrollo económico.

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