El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley sobre Integridad, Control del Financiamiento y Prevención de la Infiltración de Personas y Recursos Vinculados a Actividades Ilícitas en la Política, que introduce modificaciones a la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La iniciativa, depositada en marzo en la cámara alta, fue estudiada por una comisión especial que sostuvo consultas con organizaciones políticas con representación en el Congreso Nacional y con personalidades del ámbito político.
El presidente de la comisión, el senador Pedro Catrain, presentó un informe favorable ante el pleno, tras el cual la pieza fue tomada en consideración y aprobada en primera lectura.
Nuevos requisitos para aspirantes
La propuesta legislativa plantea cambios al artículo 49 de la Ley 33-18, con la incorporación de nuevas condiciones para quienes aspiren a candidaturas o cargos de dirección partidaria.
Entre los requisitos se incluye la presentación de una declaración jurada de patrimonio conforme a la Ley 311-14, así como una certificación de no antecedentes penales emitida por autoridades dominicanas y otra de los países donde el aspirante haya residido en los últimos 15 años.
También se establece la obligación de someterse a una prueba antidopaje actualizada, que certifique la ausencia de sustancias psicotrópicas.
En el caso de personas sujetas a la normativa de declaración jurada de patrimonio, deberán presentar una certificación de la Cámara de Cuentas que confirme el cumplimiento de este deber en los plazos establecidos.
El proyecto modifica el artículo 56 para ampliar las causales de sustitución de candidaturas. Actualmente, la ley permite estos cambios en casos de renuncia, violación grave a la Constitución o la ley, o condena penal.
La reforma incorpora como nueva causal la comprobación de falsedad u omisión relevante en la información presentada por el aspirante.
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En materia de financiamiento, la iniciativa propone modificar el artículo 60 para establecer la obligación de que los partidos implementen procedimientos de debida diligencia y controles internos sobre el origen, la trazabilidad y la identidad de los aportantes.
Los partidos podrán recibir contribuciones de personas físicas o jurídicas, siempre que estas sean debidamente identificadas y verificadas, y que se confirme el origen lícito de los recursos, sin intermediación en los aportes.
El proyecto también amplía el concepto de contribuciones ilícitas para incluir recursos vinculados al lavado de activos, el terrorismo y la criminalidad organizada.
Asimismo, establece que cualquier aporte de origen ilícito detectado posteriormente deberá ser devuelto de inmediato por la organización política que lo haya recibido.
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