La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) afirmó que el principal reto para mejorar la seguridad vial en República Dominicana no pasa por aprobar nuevas normativas, sino por garantizar la aplicación efectiva de la Ley 63-17 y avanzar en la regularización de los cerca de cuatro millones de usuarios de motocicletas que circulan en el país.
La entidad sostuvo que la prioridad debe centrarse en fortalecer la fiscalización, ampliar los mecanismos de control e identificar a los conductores que transitan sin licencia o sin placas, en un contexto en el que las motocicletas representan el segmento más numeroso del parque vehicular nacional y uno de los de mayor incidencia en la movilidad diaria.
El presidente de Afamoto, Darío Lama, consideró que el país necesita una supervisión más rigurosa del cumplimiento de la legislación de tránsito, así como una mayor capacidad operativa para detectar a quienes violan las normas. A su juicio, el problema no radica en la falta de reglas, sino en la debilidad de los controles para hacerlas cumplir.
Lama reconoció que el sector motociclista enfrenta un escenario complejo por los altos niveles de informalidad y por las frecuentes violaciones a la ley de tránsito, lo que, dijo, también afecta los derechos de terceros. En ese sentido, indicó que los concesionarios tienen interés en que el mercado continúe desarrollándose, pero insistió en que ese crecimiento debe ir acompañado de orden y regulación.
Como parte de las medidas planteadas a las autoridades, Afamoto propuso a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) eliminar la llamada “carta de ruta”, documento que durante años ha sido utilizado para circular sin placa luego de la compra de una motocicleta, y reemplazarlo por placas provisionales, similares a las que se emplean en los vehículos de motor.
La asociación informó que la DGII trabaja en la implementación de nuevas placas alfanuméricas para motocicletas, con características reflectivas y mayor visibilidad, con el objetivo de facilitar su identificación a través de cámaras de vigilancia y otros sistemas de monitoreo.
Para la organización, ese cambio contribuiría a cerrar una de las principales brechas de control sobre este tipo de transporte, al permitir que las motocicletas puedan ser reconocidas con mayor facilidad en las vías públicas y en los operativos de fiscalización.
Otra de las propuestas presentadas por Afamoto es el restablecimiento del marbete anual para motocicletas, una medida que, según sus directivos, ayudaría a depurar el registro y a determinar con mayor precisión cuántas unidades están realmente en circulación.
Lama explicó que durante años se han emitido placas sin que se actualice adecuadamente el registro de motocicletas destruidas, exportadas o fuera de uso, lo que ha generado una distorsión en las estadísticas oficiales sobre el tamaño real del parque vehicular de dos ruedas.
En materia de formación, la entidad valoró los cambios introducidos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en el proceso para la obtención de licencias, incluyendo la incorporación de capacitación, exámenes teóricos y pruebas prácticas. No obstante, advirtió que el desafío sigue siendo incorporar a millones de conductores que hoy circulan sin autorización formal.
Afamoto también defendió el peso económico y social del motoconcho dentro del sistema de transporte dominicano. Según un estudio realizado por la asociación a finales de 2024, en el país operan alrededor de 180,000 motoconchistas, una cifra que, para ese momento, superaba la cantidad de empleados de zonas francas.
La organización destacó que el motoconcho se ha convertido en una pieza clave de la movilidad urbana, especialmente en sectores donde no existe una cobertura suficiente del transporte público tradicional o donde las motocicletas funcionan como enlace con sistemas de mayor capacidad.
Juan Carlos Andrade, miembro de la junta directiva de Afamoto, señaló que la motocicleta constituye una solución de transporte para una parte importante de la población y sostuvo que el desafío de las autoridades debe orientarse a ordenar y regular el sector sin desmontar un servicio que hoy resulta esencial para miles de familias.
Los directivos de la asociación indicaron que solo en el Gran Santo Domingo los motoconchos movilizan diariamente a cerca de 1.5 millones de personas, sirviendo como conexión entre barrios y comunidades con el metro, el teleférico y los corredores de autobuses.
Lama agregó que el ingreso promedio de un motoconchista ronda los RD$55,000 mensuales, por lo que se trata de una actividad con impacto directo en la economía de miles de hogares y que, en consecuencia, debe ser abordada por las autoridades no solo desde la óptica del tránsito, sino también desde su dimensión económica y social.
En ese contexto, Afamoto rechazó las propuestas orientadas a restringir la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en este tipo de vehículos, al considerar que esas medidas no resolverían los problemas de seguridad vial ni de movilidad y, por el contrario, afectarían a millones de personas que dependen de este medio para trasladarse.
La asociación estima que durante este año podrían importarse unas 300,000 motocicletas, en línea con la tendencia de crecimiento que ha mostrado el mercado en los últimos años.
Relacionada: Intrant lanza plan para transformar el uso de motocicletas en RD
La entidad reiteró además su respaldo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la vigilancia del cumplimiento de las normas existentes mediante una mayor presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como con la puesta en marcha de los mecanismos de identificación y control que la DGII prevé implementar.
Para Afamoto, la discusión sobre las motocicletas debe partir del reconocimiento de su peso en la movilidad cotidiana del país, pero también de la necesidad de enfrentar con mayor firmeza la informalidad que rodea al sector.
En ese sentido, insistió en que la respuesta no debe centrarse en limitar su uso, sino en regularlo, identificar a sus conductores y asegurar que quienes circulen lo hagan con licencia, placa y bajo las reglas que establece la ley.
