La Primera Sala de la Cámara Penal del distrito judicial de Santo Domingo condenó a un empresario a dos años de prisión suspendida y al pago de más de RD$47 millones tras ser hallado culpable de sustraer energía eléctrica de manera ilegal, en un caso perseguido por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).
El condenado es Javier Francisco Álvarez Valencia, propietario del negocio Hielo El Grande, ubicado en Santo Domingo Norte.
La sentencia, emitida por la jueza Dolores Galay de la Cruz, establece una pena de dos años de prisión bajo la modalidad de suspensión condicional, la cual quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones que determine el juez de ejecución de la pena. En caso de incumplimiento, el procesado podría cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.
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Tribunal ordena pagar más de RD$47 millones
Además de la condena penal, el tribunal ordenó al empresario pagar RD$47,747,272.88, correspondiente al valor de la energía consumida y no facturada.
La sentencia también dispone el pago de RD$200,000 como indemnización por los daños ocasionados, así como una multa equivalente a diez salarios mínimos.
El monto correspondiente a la energía sustraída fue determinado mediante una tasación realizada por Edeeste y posteriormente revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Manipuló la red para evitar la medición del consumo
Durante el proceso, el Ministerio Público demostró que Álvarez Valencia manipuló el suministro eléctrico de su empresa mediante una conexión directa de 7.2 kilovoltios (KV) instalada fuera del medidor.
Según la acusación, el sistema utilizaba dos transformadores, uno de 100 KVA y otro de 75 KVA, lo que permitía consumir electricidad sin que esta fuera registrada ni facturada por la distribuidora.
El tribunal concluyó que estas acciones constituyeron la sustracción ilegal de energía eléctrica, causando perjuicios económicos a Edeeste y al Estado dominicano.
Violación a la Ley General de Electricidad
El Ministerio Público sustentó que los hechos constituyen una violación de los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, disposiciones que tipifican los delitos de atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico.
El titular de la PGASE, procurador de corte José Aníbal Carela, afirmó que la institución mantiene su compromiso con la persecución de los delitos vinculados al sistema eléctrico y con la protección del patrimonio público.
El funcionario sostuvo que el fraude eléctrico deteriora el sistema eléctrico nacional y afecta a toda la sociedad, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas ante las autoridades competentes.
