En casi cualquier empresa se domina el “cómo”: cómo es el proceso, cómo auditar, cómo documentar un procedimiento al detalle. Lo que pocas veces se pregunta es el “porqué”, y el porqué siempre fue el mismo: el dinero. La calidad no se persigue por prestigio ni por cumplir una norma; se persigue porque cuesta —y mucho— no tenerla. El problema es que, cuando dejamos de medir la calidad en dinero, dejamos de ver la fuga. Y lo que no se mide, no se controla; y, si no se controla, no se mejora.
Es un concepto que defiendo desde hace años y que debería estar sobre la mesa de cualquier posición de una empresa, desde el operario, el ingeniero, hasta el director financiero: el costo de la no calidad. Casi todos ven la calidad como un gasto y un dolor de cabeza —auditorías, certificaciones, inspección—, cuando lo verdaderamente caro es la falta de ella. Philip Crosby estimó que el precio del incumplimiento puede representar cerca del 20 % de las ventas de una empresa manufacturera; la American Society for Quality sostiene un rango de 15 % a 20 %. Y lo más revelador: los costos ocultos suelen ser hasta cuatro veces mayores que los visibles. Vemos el scrap y el retrabajo; no vemos la venta perdida ni la capacidad extra instalada solo para compensar defectos. Es un iceberg: la punta se factura, el bloque se paga en silencio.
Y esto no es un tema de fábrica. La mala calidad se comporta igual en el sector energético, a una escala que asusta. En 2024, las distribuidoras de electricidad de la República Dominicana registraron pérdidas del 42.2 % de la energía comprada —el nivel más alto en quince años—, según el Ministerio de Energía y Minas; casi 38 de cada 100 gigavatios-hora ni siquiera se facturaron. El Estado cubrió el hueco con más de 1,769 millones de dólares en subsidios en un solo año. Visto sin adornos, ese número es una tasa de defecto de proceso: redes mal mantenidas, medición deficiente, cobranza que no ocurre, hurto que nadie frena. Solo que lo que se desperdicia no es una pieza, es energía —combustible ya quemado, inversión ya hecha— que jamás se vuelve ingreso y, en otras palabras, la no calidad.
Cuando una falla de calidad se instala en la base energética de una economía, deja de ser un problema operativo y se vuelve una fuga de competitividad nacional: tarifas más altas, subsidios más altos, suministro menos confiable y menos inversión. El promedio de pérdidas de distribución en América Latina ronda entre 10 % y 15 %; la República Dominicana casi lo triplica. No hay margen para desperdiciar. La eficiencia deja de ser una virtud y se vuelve condición de supervivencia.
Cada país de la región ha desarrollado su fortaleza según su propia historia industrial: el Caribe conoce, mejor que nadie, la urgencia de quien no puede darse el lujo de desperdiciar; Chile ha construido una cultura de datos forjada en la minería; y México, una disciplina de procesos heredada de décadas de manufactura. Ninguna basta por sí sola, y la salida no está en decidir cuál es mejor, sino en combinarlas. Por eso invito a quienes dirigen empresas, operan sistemas y regulan el sector a un cambio de mirada pequeño, pero profundo: dejar de ver la calidad como un gasto y empezar a medir la no calidad como lo que es, una fuga de dinero y de competitividad. El primer paso no es una reforma millonaria; es poner un número sobre la mesa. Porque la calidad nunca fue un costo: es la competitividad que la región está dejando escapar.
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