Santo Domingo. – Cielos abiertos, una aerolínea de bajo coste propia y miles de millones en nueva infraestructura han convertido a República Dominicana en el segundo mercado aéreo de América Latina. Pero detrás del boom de pasajeros hay una ley de incentivos que nadie ha usado, una carga impositiva que se lleva la mitad de un boleto y una brecha de género que el Estado ni siquiera ha empezado a discutir para romper ese techo de cristal.
El despertador suena a las 04:00 am. Liset Núñez se levanta sin dudar. Su uniforme espera, impecable. Lleva cuatro años en la cabina de mando de un avión comercial y es, hoy, la única mujer piloto volando para una aerolínea comercial en República Dominicana. Antes de un vuelo a Miami con Skyhigh Dominicana, camina bajo el ala del Boeing 737-700 con linterna en mano, toca el metal frío del fuselaje, revisa los neumáticos. Luego se desliza en el asiento izquierdo de la cabina, el de comandante y, junto a su primer oficial, recorre la lista de comprobación: flaps, instrumentos, frenos.
“La mayoría de las personas en el país no sabían que existían esas aerolíneas”, recuerda sobre la industria local de hace apenas unos años: pequeña, invisible, poco atractiva para una mujer dominicana que quisiera volar. Lo que cambió no fue solo la percepción, fue la escala del negocio. Y esa escala ya se nota desde fuera. De hecho, desde Madrid, Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, lo dice sin rodeos: “el surgimiento de nuevos operadores fuertes siempre indica que se trata de un mercado que, a pesar de que ya es maduro, presenta aún importantes oportunidades”.
El país que dejó de ser solo un destino de llegada
República Dominicana ha dejado de ser, para la aviación global, un punto final en el mapa. El tratado de Cielos abiertos, la reforma fiscal y la consolidación de una aerolínea de bajo coste con capital propio la han convertido en el segundo mercado con mayor conectividad aérea de América Latina, según cifras del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC): 18,562 operaciones y 1,734,857 pasajeros solo en junio de 2026, dato que esta institución divulgó el 18 de julio, con Punta Cana concentrando el 38.2% de los vuelos.
El motor tiene nombre propio: Arajet, que según la JAC superó el medio millón de pasajeros en el primer trimestre y ya se lleva más del 10% del tráfico internacional del país, por detrás únicamente de American Airlines y JetBlue. Este medio solicitó una entrevista a Arajet para conocer de primera mano su lectura del crecimiento, su margen operativo y el estado de su solicitud ante la Ley 57-23, pero la aerolínea no respondió al cierre de esta edición; las cifras de esta sección provienen de reportes de la JAC y el IDAC, no de la propia empresa.
Puesto junto a sus vecinos, el dato de Quisqueya pierde, quizás, un poco de brillo. Tocumen, en Panamá, creció un 15% en el semestre, casi el doble que República Dominicana, porque el 76% de sus pasajeros van en tránsito, no de vacaciones: eso sí es un hub de conexión. Lo que República Dominicana tiene, en cambio, es a Cancún cayendo 4.7% y a San Juan, en Puerto Rico, un 3.5% en el mismo periodo, según el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) una empresa mexicana privada que opera, administra y desarrolla un total de 16 aeropuertos internacionales en América Latina, destacando principalmente en México, Colombia y Puerto Rico.
“El Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada; es un nuevo comienzo”, Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto de Punta Cana.
Zona franca, terminal solar y una piloto que no tiene con quién compartir turno

En Punta Cana la apuesta va más allá del pasajero que llega con maleta. Alberto Smith, director de Operaciones Landside del Aeropuerto de Punta Cana, lo cuenta como quien habla de un hijo: la terminal aérea alberga hoy la Punta Cana Free Trade Zone, la única zona franca logística dentro de un aeropuerto internacional del Caribe, con US$200 millones de inversión inicial que la empresa espera multiplicar hasta US$1.000 millones y más de 11.000 empleos. “El Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada; es un nuevo comienzo”, afirma con rotundidad.
Al otro lado del país, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Francisco Peña Gómez, Cyril Girot, el ingeniero francés que llegó a la dirección de AERODOM en abril con el encargo de VINCI Airports de meterle ritmo a los proyectos pendientes, apuesta lo mismo con otra cifra: una terminal nueva de más de US$350 millones, con un centro energético y un parque solar de 17 MW pensado para enfriar todo el edificio sin quemar un solo litro de combustible fósil.
Ese crecimiento de pasajeros no se queda en la pista: exige también que alguien los lleve del aeropuerto al hotel, o de la terminal a la ciudad. Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), sostiene que la institución está preparada para absorber ese aumento, con cobertura nacional de autobuses, taxis y otros vehículos en destinos turísticos y ciudades principales. Destaca, además, la modernización del gremio y su compromiso de brindar un servicio continuo sin dejar clientes abandonados. Es un frente del hub que, hasta ahora, nadie ha puesto a prueba con datos: si la infraestructura aérea y logística crece con cifras verificables de inversión, la pregunta pendiente es si el transporte terrestre, el último tramo del viaje de cualquier turista—, crece al mismo ritmo o si se convierte en el próximo cuello de botella.
Por cada avión nuevo que aterriza hacen falta más manos para pilotarlo, y ahí el negocio va más rápido que la formación. Faltan pilotos más rápido de lo que se están graduando. Le preguntamos directamente a la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, si el Ministerio de la Mujer tiene algún tipo de mesa de trabajo con el IDAC, la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) o las aerolíneas para que las mujeres no se queden solo en puestos administrativos. Su respuesta fue corta y honesta: “no tenemos ese tipo de acuerdos ni acercamientos con ese sector”.
La marca país que se está reescribiendo en el aire
Para Magaly Toribio, consultora internacional en marketing turístico y gestión de destinos sostenibles, aquí hay algo más grande que rutas y frecuencias: un hub propio “elevaría la narrativa del país desde una oferta vacacional tradicional hacia una propuesta de valor más amplia” y le mandaría una señal de modernidad a mercados exigentes como el estadounidense. Y esa lectura no se queda en el discurso: Marina Colunga, desde Iberia, la respalda con números. Mientras Arajet crece dentro del Caribe sin tocarle el negocio transatlántico a la aerolínea española, Iberia está subiendo sus propias frecuencias a Santo Domingo, de 12 a 18 por semana antes de que acabe el año. Dos maneras distintas de decir lo mismo: el tráfico está creciendo lo suficiente como para que nadie tenga que pelearse por el pastel.
El modelo de bajo coste ya trae, de fábrica, una ventaja ambiental: aviones nuevos, más asientos por vuelo, menos huella de carbono por pasajero. El problema aparece más adelante, en la cadena de suministro. República Dominicana tiene caña de azúcar de sobra para producir combustible sostenible de aviación, pero no tiene dónde refinarla. Los aeropuertos pueden sentar a la gente a hablar del tema, pero no pueden fabricar el combustible ellos solos, y sin inversión privada y sin incentivos estatales que hoy no existen, ahí se queda la conversación. Este medio solicitó una valoración al Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado de la mesa de trabajo de SAF y el potencial de biomasa nacional, y a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la matriz energética que respaldaría tanto el SAF como los parques solares de AERODOM y Punta Cana, pero no obtuvo respuesta de ninguna de las dos instituciones al cierre de esta edición.
Le podría interesar: David Collado destaca liderazgo de República Dominicana en la aviación regional durante reunión de la CLAC
La grieta que nadie había contado: ¿a quién benefició realmente el tratado?

No todo el mundo en el sector compra el relato del éxito regulatorio. Pedro Domínguez, periodista y piloto dominicano, va directo al hueso sobre cómo se negoció el Tratado de Cielos Abiertos: “hoy en día aún no se sabe prácticamente a cabalidad cómo se negoció, qué se hizo, por qué se hizo”, dice, y sostiene que todo el proceso estuvo pensado para favorecer a una sola aerolínea.. Pero hay algo en lo que sí es tajante y sí se puede medir: la promesa de que más aerolíneas iban a bajar el precio de los boletos, dice, fue “una vulgar farsa”. El verdadero problema, insiste, son los impuestos, no la falta de competencia.
Y en eso los números terminan dándole la razón, aunque no en la causa. El equipo de Comunicación de Héctor Porcella, presidente de la JAC y del Comité Ejecutivo de la CLAC, no lo esconde: el boleto ida-vuelta entre República Dominicana y Estados Unidos subió entre 21% y 26% en el primer semestre de 2026, hasta un rango de US$570 a US$850. Pero para él la culpa no es del tratado, sino del petróleo: la tensión entre Estados Unidos e Irán disparó el precio del combustible de aviación. “No resulta técnicamente adecuado valorar el éxito del Acuerdo de Cielos Abiertos únicamente por una eventual reducción inmediata en las tarifas”, explica. Lo más revelador que dijo, sin embargo, no fue sobre tarifas: a casi tres años de que se promulgara la Ley 57-23, la que exonera de impuestos a las aerolíneas que apuesten por el país, ningún operador dominicano la ha usado todavía. Solo Arajet tiene una solicitud metida, y sigue en trámite.
El propio Ministerio de Hacienda lo confirma, sin que se lo pregunten. Su informe anual de Gasto Tributario, el documento que acompaña cada año el Presupuesto General del Estado, describe la Ley 57-23 con el mismo detalle que dio Porcella: los cinco incentivos, uno por uno. Pero, a diferencia de otras leyes de exención recientes que sí traen un monto calculado de cuánto le cuestan al fisco, la 57-23 aparece en el documento **sin una sola cifra de impacto fiscal asociada**. No es un descuido: la metodología del Ministerio depende de solicitudes efectivas tramitadas ante la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT) para poder calcular cuánto deja de recaudar el Estado, y hasta ahora no hay ninguna que contar. Es la confirmación, esta vez desde Hacienda, de que la ley insignia de la competitividad aérea dominicana existe en el papel, pero todavía no le ha costado un peso al fisco porque nadie la ha usado. *Este medio solicitó una entrevista al Ministerio de Hacienda para ampliar esta información directamente, pero no obtuvo respuesta testimonial al cierre de esta edición; el análisis de esta sección se basa únicamente en el informe público del Gasto Tributario.
Héctor Gómez Morales, abogado especializado en derecho aeroportuario, le pone números exactos a la denuncia de Domínguez: de un boleto de US$400, unos US$170 son puras tasas, a lo que hay que sumarle un 18% de ITBIS sobre la tarifa. “El 50% de esta tarifa es únicamente tasas e impuestos”, calcula. Y remata con un dato contudente: la última reforma fiscal, en vez de bajar esas tasas, subió en US$10 el impuesto de salida al pasajero. Sobre la Ley 57-23 su crítica va más al fondo: “un beneficio transitorio con fecha de caducidad no garantiza competitividad para las aerolíneas”, advierte, y propone lo que ni la ley ni el tratado tocan: un precio de combustible subsidiado para los operadores nacionales, y una autoridad menos permisiva a la hora de dejar entrar operadores nuevos a rutas que ya tienen quien las cubra.
Lea más: IDAC impulsa formación de nuevas generaciones para responder al crecimiento de la aviación regional
¿Es replicable el modelo dominicano?
El turismo movió US$6.716 millones en divisas en el primer semestre de 2026, 15.3% más que el año pasado, y el Banco Central espera cerrar el año por encima de los US$12.500 millones. Son cifras que respaldan que el país sí dio un salto real en el mapa aéreo latinoamericano. Pero conviven, incómodamente, con lo que denuncian, cada uno a su manera, los diferentes actores del sector: una carga impositiva que se come la mitad de un boleto, una ley de incentivos que, según confirman tanto la JAC como el informe oficial de gasto tributario, nadie ha usado todavía —ni siquiera lo suficiente como para que el Estado pueda calcular cuánto le costaría si algún día se usa—, y una brecha de género que ni siquiera está en la agenda del Ministerio de la Mujer.
Lo que queda planteado para el resto del Caribe y Centroamérica es si esta fórmula que se ha dado en República Dominicana puede copiar en otra parte, o si depende de cosas que no se legislan: la ubicación, un mercado turístico que ya venía consolidado, y una nueva generación de gente dispuesta a subirse a pilotar el cambio, aunque el Estado todavía no le haya seguido el ritmo.
Liset lo resume, sin saberlo, desde el otro extremo del vuelo. Miami aparece entre la niebla, empieza el descenso, y sus manos vuelven a los mandos para una aproximación que exige, dice, concentración absoluta. Las ruedas tocan tierra. Al bajar, saluda a los pasajeros que desembarcan, la mayoría sin saber que la mujer que acaba de aterrizarlos sigue siendo, hoy, la única en su puesto en todo el país. “Si el sector cumple lo que promete —más pilotos, más rutas, más conectividad—, algún día esto debería dejar de ser una excepción y convertirse, simplemente en algo normal, nosotras las mujeres, como un colaborador más dentro de una estructura en la que existe inclusión y coordinación de todos los actores”.
República Dominicana será sede del mayor encuentro de estaciones de servicio del Caribe
