Santo Domingo.– El senador Félix Bautista presentó ante el Senado de la República un proyecto de Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso, con el que plantea establecer en el país un marco jurídico que permita negociar con Estados Unidos una reducción de la tasa arancelaria que actualmente se aplica a las exportaciones dominicanas.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, República Dominicana enfrenta actualmente una tasa de 12.5 %, mientras que otros socios comerciales de Estados Unidos, como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia, tienen una tasa de 10 %, luego de establecer medidas legales o marcos jurídicos relacionados con la prohibición de importar mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
Bautista considera que la diferencia de 2.5 puntos porcentuales representa una desventaja para los exportadores dominicanos y afecta la capacidad de competir en el mercado estadounidense.
Entre las actividades que, según el senador, podrían verse afectadas figuran la producción de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado.
Uno de los ejemplos incluidos en la propuesta corresponde a las zonas francas. El documento señala que existen 40 empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, las cuales enviaron hacia Estados Unidos el 72.2 % de su producción durante 2025.
Según el planteamiento presentado por Bautista, estas compañías deben enfrentar la tasa de 12.5 % en sus exportaciones hacia ese mercado, mientras que productos provenientes de México están sujetos a un 10 %, lo que genera una diferencia que, a juicio del senador, incide sobre la competitividad de las empresas dominicanas.
El legislador plantea que la aprobación de la legislación permitiría a República Dominicana contar con una base jurídica para solicitar, durante las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, la eliminación del diferencial de 2.5 puntos porcentuales y procurar que las exportaciones dominicanas sean colocadas en una tasa de 10 %.
La estimación incluida en el proyecto establece que la diferencia entre ambas tasas representa para el sector exportador dominicano un costo anual de entre US$127 millones y US$182 millones.
En ese escenario, la propuesta señala que una reducción de la tasa al 10 % permitiría a los exportadores obtener un ahorro de hasta US$182 millones cada año.
Además de buscar las condiciones para una eventual reducción arancelaria, el proyecto establece la prohibición de importar a República Dominicana mercancías y bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La iniciativa incorpora mecanismos destinados a fortalecer la trazabilidad de las cadenas de suministro de las exportaciones dominicanas, así como disposiciones para determinar el origen y las condiciones bajo las cuales fueron producidas las mercancías.
El proyecto asigna a la Dirección General de Aduanas la responsabilidad de tramitar los procedimientos correspondientes y adoptar las decisiones relacionadas con la prohibición de determinadas importaciones.
Mientras, el Ministerio de Trabajo tendría la función de actuar como autoridad técnica para evaluar si en la producción de las mercancías existe trabajo forzoso.
La propuesta también establece que los importadores deberán presentar una declaración jurada sobre su conocimiento razonable respecto a la posible existencia de trabajo forzoso en las mercancías que introduzcan al país.
Asimismo, contempla plazos para los procesos administrativos, la posibilidad de aplicar medidas provisionales de retención de mercancías, la creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso y sanciones para quienes presenten declaraciones falsas.
El proyecto establece además obligaciones de debida diligencia y trazabilidad reforzada para los exportadores dominicanos pertenecientes a sectores considerados de riesgo. Entre las actividades señaladas se encuentran los sectores textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción.
Bautista explicó que estas disposiciones buscan establecer un marco jurídico que permita al país responder al estándar de “adopción y aplicación eficaz” planteado en su propuesta.
El senador hizo referencia al Decreto 502-26, emitido el 23 de julio de 2026, que estableció un procedimiento administrativo transitorio para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia una legislación que establezca un marco jurídico permanente en esta materia.
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Estados Unidos concentra más de la mitad de las exportaciones
Los datos incluidos en el documento presentado por Bautista indican que Estados Unidos recibe entre el 52.5 % y el 53.5 % de las exportaciones totales de República Dominicana.
En el caso de las zonas francas, el documento señala que estas registraron exportaciones por US$8,425.9 millones durante 2024, de los cuales US$6,117.2 millones tuvieron como destino el mercado estadounidense.
Asimismo, las exportaciones totales de República Dominicana alcanzaron US$14,645 millones en 2025, un incremento de 13.4 % respecto a 2024.
De ese monto, Estados Unidos concentró entre el 52.5 % y el 53.5 %, de acuerdo con los datos atribuidos al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Bautista informó que dará seguimiento a la iniciativa durante su conocimiento en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Diputados. También anunció que tiene previsto sostener encuentros con representantes de los sectores exportadores, las zonas francas y las autoridades del Poder Ejecutivo vinculadas con esta materia.
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