Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la respuesta del Gobierno ante la disputa entre las estaciones de combustibles y las entidades bancarias por las comisiones cobradas en los pagos con tarjetas, al considerar que la falta de una solución mantiene a los consumidores expuestos a las consecuencias del conflicto.
El señalamiento fue realizado por Aristipo Vidal, secretario de Industria, Comercio y Mipymes del PLD, quien acusó de negligencia a las autoridades frente a una situación que, según afirmó, podría ser atendida mediante la intervención de las instituciones correspondientes.
Vidal señaló específicamente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a la Superintendencia de Bancos, organismos a los que atribuyó una actitud de indiferencia ante las diferencias entre los propietarios de estaciones de combustibles y el sector financiero.
Uno de los principales puntos de la controversia está relacionado con el porcentaje que los bancos cobran a las estaciones por procesar las operaciones realizadas mediante tarjetas.
De acuerdo con los datos citados por Vidal, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) sostiene que estos cargos se sitúan entre 1.95 % y 2.50 % por transacción.
Los propietarios de estaciones han manifestado su preocupación por el peso que representan esas comisiones dentro de sus operaciones y han reclamado que se preste atención a la situación.
Para Vidal, aunque la diferencia se origina entre las entidades financieras y los propietarios de estaciones, sus efectos pueden terminar recayendo sobre quienes utilizan estos establecimientos para adquirir combustible.
El dirigente peledeísta también puso el foco en las consecuencias que tendría para los usuarios una eventual reducción de las alternativas de pago electrónico.
Advirtió que obligar a los consumidores a manejar efectivo para pagar el combustible los expone a situaciones como ser víctimas de actos delictivos, perder el dinero u otros inconvenientes vinculados con el traslado y manejo de efectivo.
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A su juicio, los consumidores quedan en medio de una disputa en la que no tienen responsabilidad, mientras las autoridades no ofrecen una respuesta que permita encaminar una solución.
La controversia enfrenta los intereses de dos sectores que intervienen directamente en las operaciones de pago de las estaciones de combustibles: las entidades financieras que procesan las transacciones electrónicas y los establecimientos que venden el producto.
Vidal sostiene que, mientras continúa la discusión sobre el costo de las comisiones, la ausencia de una salida por parte de las autoridades puede terminar afectando la forma en que los consumidores realizan un pago cotidiano como la compra de combustible.
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