Santo Domingo.– La falta de regulación, las debilidades institucionales y la distribución de los recursos estatales destinados al sector están, a juicio de Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), entre los factores que mantienen los problemas de tránsito en República Dominicana, más allá de las deficiencias que pueda presentar la legislación.
Durante su participación en RD Debate 2026, Hubieres cuestionó la manera en que se ha organizado la institucionalidad del transporte. Explicó que la legislación fue concebida para concentrar la autoridad del sector y coordinar las entidades encargadas de aplicar sus disposiciones, pero posteriormente fueron creadas estructuras paralelas que, según afirmó, cuentan con mayores recursos y capacidad operativa que los organismos llamados a hacer cumplir las normas.
“El problema no es la ley”, afirmó Hubieres. “Es que el Gobierno decidió crear las estructuras que ha entendido conveniente y decidió invertir el dinero en eso y no en la gente”.
El dirigente también puso en cuestionamiento la distribución de la inversión pública en materia de movilidad. Consideró que se ha privilegiado la construcción y reparación de carreteras, mientras las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas, regular a los actores del sistema y garantizar la seguridad de peatones y conductores requieren mayor fortalecimiento.
Hubieres atribuye 90 % de accidentes a fallas humanas
Al referirse a la siniestralidad vial, Hubieres sostuvo que el 90 % de los accidentes de tránsito en el país responde a fallas humanas, mientras que alrededor de 5 % corresponde a situaciones fortuitas y otro 5 % a desperfectos mecánicos.
A partir de esos porcentajes, planteó que la discusión sobre seguridad vial no debería limitarse a revisar las condiciones de los vehículos, sino que debe prestar especial atención al comportamiento de los conductores y a la capacidad del Estado para regular su actuación.
En ese sentido, señaló que una de las primeras tareas debe ser regularizar a las personas que conducen sin licencia. También defendió la implementación de una licencia de conducir por puntos como parte de una política nacional para enfrentar el problema.
Para Hubieres, estas medidas no deben depender de una administración de turno ni ser utilizadas como una bandera partidaria, sino asumirse como una responsabilidad permanente del Estado y la sociedad.
“En este momento de lo que se trata es un proyecto país”, afirmó. “Aquí hay un problema nacional”.
El dirigente recordó que participó durante seis años en los trabajos de elaboración de la Ley de Tránsito y sostuvo que cualquier respuesta al problema requiere una actuación conjunta de las autoridades y de los sectores vinculados a la movilidad.
“No es la motocicleta que comete el crimen”
Dentro de su planteamiento sobre la necesidad de fortalecer los controles, Hubieres rechazó que las motocicletas sean presentadas como responsables directas de los hechos delictivos en los que son utilizadas.
“No es la motocicleta que comete el crimen”, afirmó, al explicar que detrás de estos casos existen problemas que involucran la seguridad ciudadana, la actuación policial, la investigación y la respuesta institucional del Estado.
Como ejemplo de las debilidades que observa en el sistema, relató situaciones en las que agentes policiales detienen a motociclistas que circulan sin licencia o que tienen pendientes relacionados con el vehículo y posteriormente estos son liberados después de llegar a acuerdos con quienes les vendieron la motocicleta y realizar los pagos correspondientes.
A su juicio, este tipo de prácticas refleja la ausencia de controles y de consecuencias efectivas frente al incumplimiento de las normas.
Hubieres también se refirió a los casos de sicariato cometidos utilizando motocicletas. Sostuvo que, cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, la investigación debe dirigirse hacia las personas responsables y no hacia el vehículo utilizado.
“Había un sicario o dos sicarios, aparte de una motocicleta”, señaló.
En ese contexto, afirmó que se trata de un problema que involucra a la Procuraduría, la Jefatura de la Policía y el Gobierno Central, al considerar que la respuesta corresponde al ámbito de la seguridad ciudadana, la investigación y la actuación del Estado.
“Falta la regulación. Faltan las consecuencias”, enfatizó.
El dirigente cuestionó además que, pese a las exigencias establecidas para los motociclistas, como el uso de casco tanto para quien conduce como para quien ocupa la parte trasera, persistan incumplimientos que posteriormente generan conflictos cuando las autoridades realizan controles.
A su entender, la aplicación de las normas debe ser constante y acompañada de consecuencias, en lugar de limitarse a reacciones posteriores a los hechos.
Propone impuesto para cubrir costos de accidentes
Como parte de las medidas que considera necesarias para enfrentar las consecuencias de la movilidad vehicular, Hubieres propuso establecer un impuesto específico para cada motocicleta, automóvil o vehículo, cuyos recursos sean destinados exclusivamente a cubrir los daños y costos ocasionados por los conductores.
El dirigente estimó esos costos en alrededor de RD$80,000 millones al año, por lo que planteó que quienes forman parte del sistema vehicular contribuyan directamente a financiar las consecuencias económicas derivadas de los accidentes.
La propuesta se suma a su reclamo de fortalecer las instituciones encargadas de regular el tránsito y de establecer mecanismos que permitan responsabilizar de manera efectiva a quienes incumplen las normas.
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Hubieres también cuestionó el enfoque que coloca al transporte público como uno de los principales responsables de los congestionamientos.
Desde su perspectiva, la utilización masiva de vehículos privados por parte de la clase media genera un impacto mayor sobre los taponamientos, por lo que consideró necesario ampliar el análisis de las causas de la congestión y no concentrarlo únicamente en los vehículos destinados al transporte colectivo.
Su planteamiento parte de que las políticas de movilidad deben colocar a las personas en el centro, mediante la regularización de los usuarios del sistema y la adopción de medidas que permitan proteger tanto a peatones como a conductores.
Las declaraciones del dirigente se produjeron durante RD Debate 2026, espacio dedicado a discutir los principales desafíos del tránsito, la movilidad y la seguridad vial en el país.
En el encuentro también participaron Rafael Tobías Crespo, Aníbal Gemoso, Jorge Juan Feliz Pacheco, Alexandra Cedeño y Dary Terrero, quienes abordaron distintos aspectos relacionados con el sistema de movilidad.
La jornada contó con Iluminada Muñoz como moderadora invitada, junto a los conductores Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova.
RD Debate es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), concebida como un espacio para discutir temas de interés nacional con la participación de diferentes voces. El debate fue transmitido por RTVD Canal 4, La Z101 y El Nuevo Diario TV, además de una red de más de 20 medios aliados a nivel nacional.
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