Santo Domingo. – Hablar de inseguridad en la República Dominicana se ha convertido en algo cotidiano. Robos, atracos, homicidios, conflictos sociales y hechos violentos aparecen constantemente en las noticias y en las redes sociales. Pero quizás uno de los mayores problemas no sea solamente la delincuencia, sino la sensación de que estamos aprendiendo a convivir con ella.
Hace unos días ocurrió un hecho que volvió a poner el tema sobre la mesa. En el sector Los Coquitos, en Boca Chica, una balacera dejó dos personas muertas y cinco heridas. Entre las víctimas se encontraba un joven vinculado al mundo de la música urbana. El caso provocó indignación y, como era de esperarse, una respuesta de las autoridades.
A partir de ahí comenzaron a conocerse operativos policiales y muertes de jóvenes señalados como delincuentes, muchas de ellas presentadas bajo una expresión que los dominicanos hemos escuchado durante décadas: “intercambio de disparos”.
Aquí es donde debemos detenernos.
Con esto no estoy justificando a ningún delincuente. Quien atraca, asesina o le quita la vida a una persona inocente debe enfrentar las consecuencias de sus actos y todo el peso de la ley. Hay delincuentes que han actuado sin ningún tipo de piedad frente a sus víctimas y familias.
Pero precisamente ahí está la diferencia.
El delincuente actúa fuera de la ley. El Estado no puede hacerlo.
La Policía Nacional está llamada a proteger y servir, perseguir el delito, detener a quienes violan la ley y ponerlos a disposición de la justicia. Esa es una diferencia fundamental entre una institución del Estado y la persona a la que esa institución persigue.
En las redes sociales han circulado videos relacionados con algunos de estos casos. Imágenes donde se observa la forma en que agentes manipulan cuerpos y los colocan en la cama de una patrulla luego de supuestos intercambios de disparos.
Independientemente de quién sea la persona que aparece en esas imágenes o de los delitos que se le atribuyan, escenas como esas deben preocuparnos.
Porque existe una frase que durante años hemos escuchado en las calles dominicanas: “ponerlo en 29”.
Todos sabemos lo que significa cuando se utiliza en determinados contextos: que una persona señalada como delincuente supuestamente será eliminada por agentes policiales.
El problema es que cuando una sociedad comienza a aceptar eso como algo normal, estamos entrando en un terreno peligroso.
No podemos convertir la seguridad pública en una versión moderna de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente.
La indignación ciudadana frente a la delincuencia es comprensible. Una persona que ha sido atracada, que ha perdido un familiar o que vive constantemente con miedo puede llegar a pensar que eliminar al delincuente es la solución más rápida.
Pero el Estado no puede actuar desde la indignación.
El Estado tiene leyes, instituciones, fiscales, jueces, tribunales y procedimientos precisamente para evitar que la justicia dependa de quién tenga un arma en la mano.
Por eso, cada supuesto intercambio de disparos en el que muere una persona debería investigarse de manera seria, independiente y transparente. No porque automáticamente tengamos que asumir que la versión policial es falsa, sino porque el uso letal de la fuerza por parte del Estado exige rendición de cuentas.
Eso también protege al buen policía.
Un agente que actúa correctamente, que responde legítimamente ante una agresión y que utiliza su arma para proteger su vida o la de terceros, debe tener detrás una institución capaz de demostrar con evidencia que su actuación estuvo dentro de la ley.
La transparencia no debilita a la Policía. La fortalece.
El hecho de matar al delincuente también pone sobre la mesa otro problema: tenemos un Estado que muchas veces actúa de manera reactiva en vez de preventiva.
Y eso no ocurre solamente con la delincuencia. Lo vemos en diferentes responsabilidades del Estado. Esperamos que ocurra el problema para entonces reaccionar. Esperamos que haya muertos para aumentar el patrullaje, que ocurra una tragedia para revisar los protocolos, que una situación se vuelva escandalosa para comenzar a buscar responsables.
Con la seguridad sucede exactamente lo mismo. Cuando un joven entra a la delincuencia y termina muerto en un supuesto intercambio de disparos, estamos viendo el final de un problema que probablemente comenzó muchos años antes.
Entonces la pregunta no debería ser solamente qué hacemos con el delincuente cuando ya está armado y en las calles. También deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para evitar que llegue hasta ahí.
Ahí entran la familia y la responsabilidad individual, por supuesto, pero también la educación, las oportunidades, la prevención, la seguridad en los barrios, la inteligencia policial y la capacidad de las instituciones para identificar a tiempo dónde se están formando los focos de criminalidad.
Matar a un delincuente puede sacarlo de las calles, pero no elimina las condiciones que permiten que mañana aparezcan otros diez ocupando su lugar.
Ese es precisamente el límite de un Estado reactivo: actúa sobre las consecuencias sin necesariamente corregir las causas.
Y mientras sigamos concentrando la respuesta en lo que hacemos después de que ocurre el problema, seguiremos llegando tarde.
La verdadera seguridad no comienza cuando aparece una patrulla ni cuando se produce un intercambio de disparos. Comienza mucho antes, cuando el Estado es capaz de prevenir, anticiparse, investigar y actuar antes de que la violencia termine convirtiéndose en la respuesta.
De lo contrario, seguiremos reaccionando ante cada crisis, contando los muertos y preguntándonos qué salió mal, mientras el problema vuelve a reproducirse.
También hay que reconocer los esfuerzos de este Gobierno por reformar y profesionalizar la Policía Nacional. Sin embargo, me genera dudas que un proceso tan ligado a nuestra realidad social haya estado dirigido por comisionados extranjeros: primero el español José “Pepe” Vila del Castillo y posteriormente el colombiano Luis Ernesto García Hernández.
No cuestiono su capacidad ni su experiencia. España y Colombia pueden servirnos de referencia y podemos aprender de sus aciertos y errores. Pero sus realidades sociales, institucionales y criminales son diferentes a la nuestra. Una cosa es tomar experiencias internacionales como referencia y otra es construir nuestra reforma a partir de modelos concebidos para otras realidades.
La reforma de la Policía dominicana tiene que partir del policía dominicano, de nuestros barrios, de nuestra delincuencia y de nuestras propias debilidades institucionales. Podemos aprender de otras latitudes, pero una reforma dominicana tiene que construirse desde la realidad dominicana.
Y entonces volvemos al mismo punto: Sálvese quien pueda.
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