Caracas, Venezuela.- El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela otorga a Estados Unidos una participación significativa en una empresa privada y prioridad para adquirir su producción de crudo durante cinco décadas. Sin embargo, el pacto no garantiza el pago de los US$200,000 millones en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano.
El documento también establece condiciones que podrían dificultar que futuras administraciones estadounidenses modifiquen o reviertan sus términos, mientras excluye la participación obligatoria de representantes del Gobierno venezolano en la junta directiva de la compañía.
Según una investigación publicada por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación, publicada por El Periódico de la Energía, que examinó una copia de 18 páginas del acuerdo firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El pacto concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Además, le permite comprar el 20 % de la producción de la compañía a US$30 por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años.
Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte.
Estados Unidos tendría prioridad sobre la producción
Las condiciones del acuerdo también contemplan que Washington pueda comprar la totalidad de la producción de NABEP si declara una emergencia nacional.
La estructura de gobierno corporativo prevista en el documento incluye una junta directiva de siete miembros, con mayoría de ciudadanos estadounidenses, además de un observador designado por el Gobierno de Estados Unidos, que no tendrá derecho a voto.
De acuerdo con la investigación de ProPublica, estas disposiciones dificultarían que futuras administraciones estadounidenses puedan modificar o revertir los términos del pacto. Betancourt mantendría su posición como consejero delegado y solo podría ser destituido con el voto favorable de cinco de los siete integrantes de la junta.
Otro elemento señalado en el documento es que la empresa matriz está registrada en Barbados, jurisdicción cuya legislación dificulta conocer la identidad de determinados propietarios e inversores.
El acuerdo tampoco exige que representantes del Gobierno venezolano formen parte de la junta directiva. Asimismo, dispone que las controversias entre la empresa y Estados Unidos se resuelvan bajo la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
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Rubio defendió la selección de la empresa
En septiembre, Marco Rubio defendió la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para incrementar su producción.
Durante una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, el secretario de Estado afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos. No obstante, el empresario era objeto de investigaciones en Suiza y España por presunto blanqueo de capitales, sin que hubiera sido imputado formalmente, según la información publicada.
Rubio sostuvo que la compañía estaría en condiciones de elevar la producción petrolera y efectuar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos derivados de las ventas de crudo mediante la firma auditora KPMG y defendió la adopción de una nueva regulación orientada a profesionalizar la industria petrolera.
Por su parte, NABEP ha defendido el acuerdo al considerar que permitirá atraer inversiones y generar beneficios económicos tanto para Venezuela como para Estados Unidos.
Sin embargo, el análisis, advierte que el pacto no contiene una disposición vinculante que obligue a garantizar los US$200,000 millones en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca. La diferencia entre los beneficios anunciados y las obligaciones expresamente recogidas en el acuerdo constituye uno de los principales puntos señalados en la investigación.
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