Santo Domingo.- La importación y el uso de equipos que consuman menos electricidad figuran entre las áreas que el Gobierno busca promover mediante incentivos fiscales contemplados en el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, una iniciativa que también incluye estándares para edificaciones y sectores productivos.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la propuesta procura fomentar el uso racional de la electricidad y reducir los costos energéticos mediante la incorporación de tecnologías eficientes.
El planteamiento sitúa la gestión del consumo como un componente de la política energética, junto con la expansión de la generación eléctrica. Según Santos, mejorar la eficiencia resulta necesario para administrar la demanda y contribuir a reducir las pérdidas del sistema.
La iniciativa también contempla el uso de herramientas digitales y sistemas inteligentes para optimizar la gestión energética. De acuerdo con el funcionario, estas tecnologías pueden facilitar el acceso de los usuarios a información sobre su consumo y ayudarles a tomar decisiones para ahorrar electricidad.
Como parte de las medidas para aprovechar mejor los recursos energéticos, el Gobierno proyecta alcanzar entre 600 y 800 megavatios de capacidad de almacenamiento mediante baterías para 2028.
Santos vinculó esta expansión con el aprovechamiento de la generación renovable y la estabilidad del sistema eléctrico.
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La meta de almacenamiento acompaña las acciones dirigidas a mejorar la gestión de la energía disponible, mientras el proyecto de ley plantea mecanismos para promover un consumo más eficiente.
El ministro también citó la Resolución 019-2026, que establece medidas de ahorro energético en las instituciones públicas, y las campañas de sensibilización que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas para fomentar el consumo responsable en hogares, empresas y entidades gubernamentales.
Las acciones mencionadas abarcan desde la promoción de equipos de menor consumo y la incorporación de herramientas tecnológicas hasta la adopción de medidas de ahorro en las instituciones públicas. En el ámbito legislativo, los incentivos fiscales y los estándares de eficiencia constituyen los instrumentos previstos en la propuesta para impulsar un uso más racional de la electricidad.
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