El sector energético constituye uno de los componentes estratégicos más sensibles para el desarrollo industrial y la preservación de la soberanía económica. Su estabilidad no depende exclusivamente de la disponibilidad de combustibles, sino también de las condiciones bajo las cuales una nación puede acceder a ellos. La concentración de mercados, especialmente cuando encuentra protección en distorsiones regulatorias, puede producir dependencias comerciales que comprometen la seguridad del abastecimiento y limitan las posibilidades de alcanzar precios más competitivos.
En la República Dominicana, el crecimiento de la actividad económica ha configurado un mercado energético considerablemente más complejo que aquel para el cual fue concebida buena parte de su regulación. La expansión de la demanda y la transformación de las cadenas de comercialización han incorporado necesidades que el ordenamiento jurídico no siempre ha logrado interpretar con la misma velocidad. Esta distancia entre la evolución económica y la respuesta normativa contribuye a preservar estructuras de mercado cuya concentración merece una revisión profunda.
Los monopolios y las estructuras oligopólicas adquieren una dimensión especialmente delicada cuando descansan sobre infraestructuras esenciales. En los mercados energéticos, la propiedad de una terminal o de una facilidad de almacenamiento puede conferir una ventaja comercial legítima, derivada de la inversión realizada. Sin embargo, cuando las alternativas de acceso resultan insuficientes, esa posición puede convertirse en un factor determinante para las condiciones de suministro del resto de los participantes. El problema se agrava si las restricciones regulatorias dificultan la incorporación de nuevas inversiones capaces de disputar esas posiciones comerciales.
Una de las manifestaciones menos discutidas de esta concentración corresponde a su incidencia sobre los precios. La República Dominicana importa combustibles cuyos valores responden a las fluctuaciones internacionales, pero el precio pagado por el consumidor también incorpora componentes que se forman dentro del mercado nacional. Las condiciones logísticas y los márgenes de comercialización pueden representar diferencias importantes entre operadores. Cuando existen pocas alternativas, disminuyen los incentivos competitivos para reducir esos costos y trasladar posibles eficiencias al consumidor.
Esta situación exige una revisión de los componentes reconocidos en la paridad de importación. La fijación regulada de precios debe responder a criterios económicos que reconozcan los costos justificados de cada actividad, sin terminar reproduciendo indefinidamente estructuras de remuneración que hayan perdido correspondencia con la realidad comercial. La regulación no debería convertirse en un mecanismo de inmovilidad económica, particularmente cuando existen oportunidades de mejorar la eficiencia mediante nuevas tecnologías de almacenamiento o modalidades alternativas de abastecimiento.
El gas licuado de petróleo (GLP) constituye un ejemplo relevante. Su importancia para los hogares dominicanos hace que cualquier ineficiencia de su comercialización tenga consecuencias sociales inmediatas. La estructura de importación y almacenamiento presenta barreras técnicas que requieren inversiones considerables, pero también enfrenta condicionamientos normativos que pueden restringir el ingreso de nuevos participantes. Cuando el desarrollo de capacidades independientes encuentra dificultades que exceden las exigencias razonables de seguridad, el mercado pierde oportunidades para ampliar la oferta y generar mayores presiones competitivas sobre los precios.
En el caso del gas natural, la preocupación adquiere una dimensión todavía más estratégica. Este combustible ha pasado a ocupar una posición esencial en la generación eléctrica dominicana y representa una parte sustancial de la energía producida en el país. Su participación ha favorecido una transformación importante de la matriz de generación, pero también ha incrementado la dependencia de infraestructuras especializadas de recepción y regasificación. Una interrupción significativa en estas instalaciones podría repercutir sobre la disponibilidad de generación, precisamente por la magnitud que ha adquirido este combustible dentro del sistema eléctrico.
La concentración del abastecimiento de gas natural merece, por tanto, un examen que trascienda las relaciones comerciales entre generadores y su gran proveedor. El precio de adquisición del combustible y los costos asociados a su disponibilidad inciden sobre la economía de la generación. Cuando el acceso a las infraestructuras depende de opciones limitadas, también se restringen las posibilidades de contrastar condiciones comerciales con fuentes alternativas. Esta circunstancia puede dificultar la obtención de mejores precios, aunque su efecto concreto depende de la naturaleza de los contratos y de las condiciones internacionales del mercado.
La incorporación de nuevas infraestructuras de gas natural representa una oportunidad importante para reducir estas vulnerabilidades. No obstante, la descentralización energética no puede medirse únicamente por el número de terminales instaladas. Es necesario distinguir entre proyectos destinados a satisfacer consumos particulares e instalaciones que efectivamente ofrecen alternativas comerciales a otros agentes. Una mayor capacidad de recepción no siempre significa un mercado más abierto. La diversificación debe permitir una respuesta operativa ante eventualidades y ampliar las oportunidades de abastecimiento sin desconocer las inversiones privadas que han hecho posible su desarrollo.
Debe reconocerse que durante la gestión gubernamental 2020-2026 se impulsaron iniciativas orientadas a corregir parte de estas deficiencias. En 2022, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de reorganización del sector de hidrocarburos que contemplaba modificaciones a la Ley núm. 112-00, particularmente en materia de metodología de precios y criterios de eficiencia. Asimismo, se dispusieron acciones de saneamiento administrativo y fortalecimiento de la fiscalización de las actividades sujetas al control de los organismos competentes. Esos esfuerzos constituyeron pasos institucionales relevantes, aunque la persistencia de las rigideces del mercado demuestra que la transformación normativa continúa siendo una tarea pendiente.
La fiscalización resulta indispensable para preservar la seguridad del suministro y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Sin embargo, el fortalecimiento del control administrativo debe acompañarse de una revisión de los espacios de discrecionalidad que afectan la entrada de nuevas inversiones. No resulta conveniente que el desarrollo de proyectos estratégicos dependa de interpretaciones cambiantes o de criterios comerciales que puedan terminar condicionando las decisiones regulatorias. La seguridad jurídica exige reglas previsibles, sustentadas en fundamentos técnicos y aplicadas sin discriminación.
Tampoco se trata de desconocer las economías de escala que caracterizan al sector energético. Determinadas infraestructuras requieren concentraciones de capital que hacen económicamente inviable una multiplicación indiscriminada de instalaciones. Pero existe una diferencia importante entre aceptar las condiciones naturales de un mercado y permitir que sus barreras de entrada se prolonguen artificialmente. La intervención estatal debe procurar que las ventajas derivadas de la eficiencia empresarial no se transformen, por efecto de la propia regulación, en posiciones comerciales prácticamente inexpugnables.
La concentración del abastecimiento introduce, además, un riesgo que suele permanecer oculto durante los períodos de normalidad. Un sistema puede operar satisfactoriamente mientras sus principales instalaciones mantienen continuidad, pero revelar una vulnerabilidad considerable frente a una contingencia internacional o una interrupción logística. En una economía dependiente de combustibles importados, carecer de alternativas suficientes puede terminar convirtiendo una dificultad comercial en un problema de alcance nacional.
La República Dominicana necesita superar una concepción regulatoria concentrada en administrar las condiciones actuales del mercado. La política energética debe estimular inversiones que amplíen las opciones de abastecimiento y permitan revisar los costos reconocidos en la comercialización. Esto supone desarrollar una arquitectura institucional donde la competencia no sea una aspiración declarativa, sino una posibilidad real para quienes estén dispuestos a invertir bajo condiciones técnicas y financieras adecuadas.
La soberanía energética no exige que el Estado sustituya a los operadores privados. Exige que conserve la capacidad de impedir que el interés nacional quede excesivamente condicionado por decisiones comerciales concentradas. En el gas natural, por su importancia creciente para la generación eléctrica, esta responsabilidad adquiere una urgencia particular. En el GLP, sus implicaciones sobre los precios y el consumo de los hogares hacen igualmente necesaria una política de competencia compatible con la estabilidad del suministro.
La existencia de monopolios naturales o posiciones dominantes no constituye automáticamente una irregularidad. Lo preocupante es que las distorsiones regulatorias terminen protegiendo estructuras cerradas y reduciendo las oportunidades de introducir nuevas fuentes de abastecimiento. La dependencia internacional de los combustibles es una realidad que debemos administrar; la dependencia excesiva de un número reducido de operadores es una vulnerabilidad que podemos corregir.
El verdadero desafío consiste en comprender que la estabilidad energética no se garantiza solamente cuando existe combustible disponible, sino cuando el país conserva suficientes alternativas para obtenerlo en condiciones competitivas. De lo contrario, el costo de los monopolios puede terminar expresándose tanto en los precios que paga la sociedad como en las inversiones que nunca llegan a materializarse.
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