Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos desembolsó US$12,110 millones de los ingresos generados por la comercialización de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales de Venezuela entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con un informe oficial del Departamento de Estado divulgado este jueves.
El documento, entregado al Congreso y fechado el 29 de octubre, establece que durante ese período la Cuenta de Custodia de Venezuela recibió depósitos por más de US$12,260 millones procedentes de entidades verificadas y autorizadas para realizar actividades relacionadas con los recursos naturales del país sudamericano.
De acuerdo con datos publicados por AFP, el total recibido, se desembolsó el 98.7 %, equivalente a US$12,110 millones, mientras que otros US$168.56 millones permanecían bajo custodia al 30 de septiembre para futuros pagos autorizados.
La distribución de los recursos refleja que el principal destino fue la adquisición de alimentos y productos de consumo, que concentró el 35.75 % del dinero desembolsado. Los servicios administrativos recibieron el 23 %, la agricultura el 12.5 % y la sanidad pública, incluida la compra de medicamentos, el 5.68 %.
Una fuente diplomática que solicitó mantener su identidad en reserva explicó, mediante un correo electrónico, que el Departamento de Estado decidió divulgar el informe de manera proactiva. «El informe demuestra que el proceso está funcionando», afirmó.
Petróleo, oro y minerales entre las fuentes de ingresos
El reporte, de 53 páginas, precisa que los depósitos procedentes del petróleo crudo y sus derivados constituyeron la principal fuente de ingresos de la cuenta. Sin embargo, también se registraron fondos vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes.
La publicación de estos datos se produce en medio del proceso de cambios políticos y económicos que atraviesa Venezuela desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó y trasladó fuera del país al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Ambos permanecen a la espera de juicio en Nueva York.
Tras esa operación militar, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno asumiría el control de la explotación y comercialización del petróleo venezolano, principal recurso natural del país.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, aceptó esa presión y puso en marcha un proceso de reformas legislativas en la Asamblea venezolana para permitir la reapertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera. La industria había resultado debilitada por años de sanciones, corrupción y falta de inversión.
En agosto, Washington anunció un acuerdo con Caracas que le otorgaba el manejo de 65,000 millones de barriles de las reservas petroleras venezolanas, equivalentes al 20 % del total, mediante una compleja operación de inversión en la empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep).
Fondos bajo supervisión del Tesoro estadounidense
El secretario de Estado, Marco Rubio, había planteado en enero una hoja de ruta de tres etapas para Venezuela, que contempla la estabilización económica, el diálogo entre el Gobierno y la oposición y la conclusión de la transición política mediante la celebración de elecciones.
Como parte de ese esquema, Rubio anunció que los ingresos obtenidos por la venta de recursos naturales serían depositados en cuentas bancarias bajo el control del Departamento del Tesoro. Inicialmente, los fondos estarían en Catar y posteriormente pasarían a territorio estadounidense.
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El funcionario sostuvo que los desembolsos a Caracas estarían sujetos a una supervisión estricta de los proyectos y de sus beneficiarios.
El informe detalla que en julio comenzaron a ingresar dólares físicos a las arcas del Banco Central de Venezuela. Posteriormente, los recursos circularon a través de entidades bancarias venezolanas y se utilizaron para cubrir pagos de bienes y servicios.
Entre las operaciones identificadas figura un desembolso de US$26 millones a Landsteiner Scientific para adquirir kits farmacéuticos destinados a detectar la enfermedad de Chagas. También se registró un pago de US$11 millones a Allbe Enterprises para la compra de equipos de diálisis y hemofilia.
Los fondos también fueron utilizados para adquirir equipamiento petrolero y cubrir la membresía anual de Venezuela en el G-24. La auditoría de estos recursos fue encomendada a la firma KPMG.
El manejo estadounidense de los ingresos venezolanos también se perfila como un asunto de escrutinio político en Washington. La oposición demócrata ha prometido investigar a fondo el proceso de cambio político y el papel del Gobierno estadounidense en los asuntos de Venezuela cuando asuma el control del Congreso en enero.
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