Antalya, Turquía.- La falta de recursos para enfrentar los efectos del cambio climático vuelve a colocar a República Dominicana y al Caribe ante uno de sus principales desafíos en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP31), que entra en su semana final en Antalya, Turquía, con avances en algunas iniciativas energéticas, pero sin acuerdos definitivos sobre el financiamiento que necesitan los países más vulnerables.
El principal punto de tensión está en cómo convertir los compromisos de aumentar los fondos para adaptación en recursos concretos, con mecanismos de medición y plazos que permitan verificar su cumplimiento. Aunque en la COP30, celebrada en Belém, Brasil, los países acordaron triplicar este financiamiento hacia 2035 y aprobaron 59 indicadores para evaluar los avances de la meta global de adaptación, todavía no existe consenso sobre la línea de base que permitirá calcular el incremento.
Esta falta de definición mantiene en incertidumbre el alcance real del compromiso, cuya cobertura, incluso si se cumple, representaría menos del 30 % de las necesidades estimadas, según advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Para los pequeños Estados insulares, entre ellos República Dominicana, la discusión tiene implicaciones económicas directas, debido a la exposición de sus territorios a huracanes y otros fenómenos extremos, cuyos daños pueden comprometer una parte considerable de sus economías.
El impacto quedó evidenciado en Jamaica, donde el huracán Melissa provocó pérdidas estimadas en US$8,800 millones en octubre de 2025, equivalentes al 41 % de su producto interno bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Banco Mundial citadas por ClimaTalk.
El dinero disponible no cubre las pérdidas
La dimensión de la brecha también se refleja en el Fondo de Pérdidas y Daños, que cuenta con US$342 millones, mientras mantiene en cartera 176 solicitudes de financiamiento por aproximadamente US$2,800 millones, según datos recogidos por el diario turco Daily Sabah.
La diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades planteadas ha llevado a los países menos adelantados a reclamar que la decisión final de la COP31 incluya la reposición de este mecanismo, para ampliar su capacidad de respuesta ante los daños ocasionados por el cambio climático.
La discusión se desarrolla en medio de una agenda internacional que todavía no consigue acercar las posiciones sobre el financiamiento. Durante la primera semana de la conferencia, el Grupo Africano solicitó espacios específicos para abordar el aumento de los fondos de adaptación y las medidas comerciales relacionadas con el clima.
Sin embargo, ninguna de las propuestas alcanzó consenso. El presidente de la COP31, Murat Kurum, dispuso que ambos asuntos fueran tratados dentro de otros puntos de la agenda, mientras que la Unión Europea había advertido que no respaldaría su discusión como temas separados.
La cumbre de líderes también estuvo marcada por ausencias. Estados Unidos no envió funcionarios, mientras que los dirigentes de Rusia, China e India tampoco participaron. Durante ese encuentro, Guterres planteó la posibilidad de gravar las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras para financiar la acción climática, una propuesta que genera oposición.
Electrificación y adaptación en la agenda de Antalya
En paralelo a las diferencias sobre los recursos financieros, la presidencia turco-australiana presentó durante la primera semana iniciativas relacionadas con la electrificación sostenible y fondos para combatir las emisiones de metano.
El viernes 13 de noviembre, la presidencia de la COP difundió un resumen de reflexiones que servirá como referencia para la decisión final. Entre sus propuestas figura impulsar el crecimiento del consumo de energía eléctrica hasta alcanzar el 35 % a escala mundial en 2035, aunque sin establecer qué proporción debería proceder de fuentes renovables.
El documento también contempla fortalecer los sistemas de alerta temprana, un ámbito en el que República Dominicana desarrolla iniciativas con el respaldo de la Coalición para la Resiliencia de la Infraestructura ante los Desastres (CDRI), liderada por India.
En el país, estos trabajos se articulan a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El resumen de la presidencia también mantiene la propuesta de triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035, aunque esta iniciativa continúa sin respaldo consensuado. Rusia, Arabia Saudita y el grupo de países en desarrollo afines, entre cuyos integrantes figuran China e India, cuestionan la necesidad de adoptar esa decisión.
Mercados de carbono, otra vía para movilizar recursos
Además del financiamiento público, los mercados de carbono representan otro de los mecanismos que República Dominicana y los países caribeños observan como una oportunidad para captar recursos destinados a la acción climática.
La discusión gira alrededor del Artículo 6 del Acuerdo de París, que establece las reglas para la cooperación internacional y el intercambio de reducciones de emisiones entre países.
Antes de la cumbre, la Comunidad del Caribe (CARICOM) reconoció, mediante la Declaración de Antalya, el potencial de estos mercados para movilizar financiamiento y reclamó que su funcionamiento tome en cuenta las condiciones de los pequeños Estados insulares.
China también presentó en Antalya una iniciativa relacionada con créditos de carbono, anticipando su participación en este mecanismo.
República Dominicana, por su parte, ya presentó ante las Naciones Unidas los requisitos para participar en el mecanismo establecido en el Artículo 6.4 del Acuerdo de París.
Como parte de los cambios institucionales realizados en 2025, el antiguo consejo del Mecanismo de Desarrollo Limpio pasó a denominarse Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, organismo que ejerce como Autoridad Nacional Designada ante la ONU en esta materia.
La nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) también contempla la posibilidad de cooperación mediante este mecanismo, aunque establece que el país no utilizará créditos de carbono para cumplir sus propias metas nacionales.
No obstante, el desarrollo de este mercado enfrenta dificultades relacionadas con la demanda. De los 108 acuerdos bilaterales suscritos hasta ahora bajo el Artículo 6.2, casi todos involucran a apenas seis países compradores, mientras que los volúmenes negociados continúan siendo reducidos, según datos de Sylvera.
Esta concentración puede colocar a los países vendedores en una posición desfavorable al momento de negociar las condiciones de sus operaciones.
RD busca mayor participación en los organismos climáticos
La semana final de la COP31 también representa una oportunidad para la participación dominicana en los espacios de decisión internacional sobre cambio climático.
Este lunes 16 de noviembre, los ministros asumen el protagonismo de las negociaciones. El segmento de alto nivel se desarrollará entre el 17 y el 19 de noviembre, mientras que las plenarias de cierre están previstas para el viernes 20.
En ese período, los representantes deberán revisar las propuestas presentadas por la presidencia de la conferencia y determinar cuáles cuentan con el respaldo necesario para convertirse en decisiones.
En ese escenario, Carol Franco, vicepresidenta del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, figura como candidata del grupo latinoamericano y caribeño para presidir el Órgano Subsidiario de Ejecución, cuya elección corresponde a esta COP.
La representación dominicana también cuenta con antecedentes recientes en puestos de relevancia internacional. Sara González Troncoso, directora técnica del CNCCMC, ocupó una de las vicepresidencias globales de la COP30, mientras que Max Puig, vicepresidente ejecutivo de esa institución, fue reconocido durante esta semana como uno de los 100 Líderes de Mayor Impacto Global por la Sostenibilidad.
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Un compromiso que todavía enfrenta retrasos
La experiencia de anteriores negociaciones climáticas también alimenta las reservas sobre el cumplimiento de los compromisos financieros. Los US$100,000 millones anuales prometidos en Copenhague en 2009 para comenzar a entregarse en 2020 se alcanzaron finalmente en 2022, con dos años de retraso.
Además, cerca del 69 % de los fondos públicos se canalizó mediante préstamos, una modalidad que supone obligaciones financieras para los países receptores.
Las perspectivas tampoco resultan alentadoras para el nuevo objetivo de financiamiento. Una evaluación presentada en Antalya estima que, de mantenerse las tendencias actuales, los recursos climáticos anuales quedarían US$840,000 millones por debajo de la meta de US$1.3 billones establecida para 2035.
A este panorama se suma la advertencia de un alto funcionario europeo sobre la falta de voluntad política para asumir nuevos compromisos financieros.
Para República Dominicana, uno de los países más vulnerables a los efectos de la crisis climática, aunque aporta menos del 0.1 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, los resultados de Antalya tienen especial importancia.
El país mantiene iniciativas en observación meteorológica, desarrollo de energías renovables, movilidad sostenible, construcción de infraestructuras resilientes y adecuación de vertederos, entre otras acciones orientadas a responder a los desafíos ambientales.
En consecuencia, los resultados de la COP31 tendrán que medirse más allá de los anuncios. Para el país, los puntos determinantes serán que la decisión final establezca una línea de base y un calendario verificable para aumentar el financiamiento de adaptación; que se defina una ruta para reponer el Fondo de Pérdidas y Daños y facilitar el acceso directo de los pequeños Estados insulares; y que las reglas del Artículo 6 permitan ampliar la demanda de créditos de carbono sin comprometer la integridad del mecanismo.
La diferencia entre los compromisos internacionales y su aplicación se traduce, para República Dominicana y el Caribe, en la capacidad de financiar la prevención, la adaptación y la respuesta ante fenómenos como las sequías y las próximas temporadas ciclónicas.
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