Santo Domingo. La decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027 ha generado posiciones encontradas entre los partidos de oposición, representantes del transporte y economistas, en medio de cuestionamientos sobre la relación entre las cotizaciones internacionales del petróleo y los precios que pagan los consumidores dominicanos.
Mientras el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo consideran que la disminución del precio del crudo debería reflejarse en una reducción de los carburantes, desde el sector transporte se valora la estabilidad que ofrece el congelamiento. Los especialistas, en tanto, advierten sobre las consecuencias presupuestarias de sostener esa política de contención.
El presidente Luis Abinader anunció que los precios permanecerán sin variación hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el costo del subsidio no exceda los RD$1,500 millones semanales. La medida busca evitar que las fluctuaciones del mercado internacional se traduzcan en nuevos aumentos para los consumidores.
El mandatario estimó que el Estado destinaría alrededor de RD$50,000 millones a subsidios de combustibles al cierre de 2026, mientras que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, situó la proyección entre RD$50,000 millones y RD$55,000 millones.
Oposición cuestiona que el petróleo baje y los combustibles no
Desde el PRD, su presidente ejecutivo, Héctor Guzmán, calificó como una “estafa a la población” mantener los precios congelados sin disponer reducciones, pese al descenso registrado por el petróleo.
Guzmán señaló que el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia utilizada para el mercado dominicano, pasó de US$90.52 a US$86.80 entre el 5 y el 12 de noviembre, una disminución de US$3.72, equivalente a un 4.11 %.
A su juicio, esa variación debería tener algún efecto en los precios locales. También cuestionó que el Gobierno no explique de qué manera se trasladan las fluctuaciones internacionales al mercado dominicano y reclamó mayor transparencia sobre la relación entre los impuestos que se cobran a los combustibles y los recursos destinados a subsidiarlos.
Como parte de sus argumentos, el dirigente perredeísta sostuvo que el Estado recaudó RD$99,081.1 millones por impuestos a los combustibles durante 2025, frente a RD$11,500 millones en compensaciones a los consumidores. A partir de esas cifras, pidió que se haga público el balance entre ambos conceptos.

Una crítica similar expresó Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, quien considera que el congelamiento no responde a lo que, desde su perspectiva, debería ocurrir cuando disminuye el precio del petróleo.
Durante una entrevista en el programa «D’Agenda», Jiménez comparó el costo actual de los carburantes con el comportamiento del crudo en períodos anteriores. Indicó que, mientras el petróleo se encontraba entre US$85 y US$86 por barril, la gasolina prémium se comercializaba a RD$362.10 por galón.
El dirigente recordó que durante los gobiernos de Leonel Fernández el petróleo llegó a cotizarse a US$147 por barril y afirmó que la gasolina prémium alcanzó entonces un máximo de RD$210 por galón. Con esa comparación, cuestionó la diferencia entre los precios internacionales y los que enfrentan actualmente los consumidores.
Jiménez también sostuvo que la Ley de Hidrocarburos establece que las reducciones del petróleo deben reflejarse proporcionalmente en los precios de los combustibles. En ese sentido, consideró que mantenerlos congelados cuando el crudo baja no representa una rebaja para la población y advirtió que, si posteriormente el petróleo vuelve a subir, podrían producirse nuevos incrementos.
A sus cuestionamientos agregó el impacto de los aumentos en la factura eléctrica y la persistencia de apagones prolongados, situaciones que, según planteó, agravan la presión económica sobre los hogares.
Economistas advierten sobre el peso de los subsidios

Desde el ámbito económico, Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reconoció que el congelamiento puede ayudar a reducir el impacto de los aumentos energéticos sobre las familias, pero advirtió que esa protección tiene un costo para las finanzas públicas.
“Por supuesto, no hay almuerzo gratis. Esto va a representar un costo fiscal adicional”, expresó durante la Emisión Estelar de Noticias SIN.
Ovalle explicó que el mantenimiento de los precios durante la temporada navideña está sujeto al límite de RD$1,500 millones semanales establecido por el Gobierno. También destacó que el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado principalmente para cocinar, ha recibido una protección especial para evitar que las alzas afecten con mayor fuerza a los hogares vulnerables.
El economista señaló que, aunque algunos combustibles han experimentado incrementos internacionales superiores al 100 %, las alzas de la gasolina y el gasoil en República Dominicana se han situado entre un 15 % y un 20 %, según las cifras que citó.
Sin embargo, reconoció que los indicadores económicos favorables no necesariamente se reflejan en el poder adquisitivo de las familias. Atribuyó parte de esa presión al encarecimiento de la energía y al aumento de las cuotas de los préstamos, como consecuencia de las mayores tasas de interés.
Al referirse a la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el desempeño de la economía dominicana, Ovalle consideró que tanto las valoraciones positivas del organismo como las preocupaciones de los hogares pueden tener fundamento. También mencionó el comportamiento favorable del turismo y de la inversión extranjera directa, aunque dejó abierta la interrogante sobre lo que ocurrirá con los precios después del 7 de enero.
Las advertencias sobre la sostenibilidad de las ayudas también fueron planteadas por el economista colombiano Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, quien consideró que los subsidios pueden justificarse temporalmente ante un escenario de precios elevados, pero no convertirse en una política permanente.
Durante una conferencia organizada por el Ministerio de Hacienda y Economía, Cárdenas estimó que el subsidio al diésel en República Dominicana equivale aproximadamente a medio punto del producto interno bruto, cerca de US$700 millones.
“Eso es insostenible. Eso se puede hacer por un año, máximo dos, pero no a perpetuidad”, afirmó. También advirtió que los recursos destinados a estas ayudas compiten con las necesidades de inversión en educación, salud e infraestructura vial, por lo que recomendó mejorar la eficiencia del gasto público, particularmente en el sector eléctrico.
Por su parte, el economista Henry Hebrard planteó que, si se mantienen las condiciones internacionales, los subsidios podrían representar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones anuales, con desembolsos semanales de RD$800 millones a RD$1,000 millones.
Hebrard observó que el subsidio a la gasolina prácticamente ha desaparecido, pero señaló que el apoyo al gasoil continúa siendo elevado y difícil de desmontar. También indicó que el costo de subsidiar el GLP pasó de RD$10 por galón cuatro meses antes a RD$65 durante la semana que analizó.
“Definitivamente hay que buscar alguna manera de ponerle un tope a esto”, expresó. Entre sus planteamientos mencionó la necesidad de focalizar las ayudas, evitar el consumo excesivo y explorar alternativas para diversificar la matriz energética.
En una línea similar sobre las implicaciones fiscales de la decisión, el economista Antonio Ciriaco Cruz, vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), consideró que el congelamiento debe entenderse como una respuesta provisional ante el encarecimiento internacional de los combustibles, pero advirtió que el límite establecido por el Gobierno no elimina el desafío que representa financiar esa protección.
Ciriaco Cruz explicó que los carburantes tienen incidencia directa en el transporte y la distribución, además de repercutir en los costos de numerosas actividades económicas. Por esa razón, señaló que contener aumentos repentinos puede evitar que las presiones externas se trasladen de inmediato a los hogares y las empresas.
A su entender, el mecanismo permite que el Estado asuma temporalmente parte del incremento internacional mediante recursos públicos, en vez de trasladar todo el impacto a los consumidores. Valoró, además, que el tope de RD$1,500 millones semanales establezca un límite explícito al gasto, en lugar de comprometer al Gobierno con un subsidio sin una restricción definida.
Más allá de la medida inmediata, el economista planteó la necesidad de revisar las reglas del mercado de combustibles. Entre sus propuestas mencionó modificar la Ley de Hidrocarburos, transparentar el Precio de Paridad de Importaciones (PPI), reducir los márgenes de ganancias del sector y promover una mayor competencia mediante la eliminación de barreras de entrada.
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Transporte valora la estabilidad de los precios
En contraste con los cuestionamientos de los partidos opositores, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) manifestó su respaldo a la decisión del Gobierno.
Su presidente, William Pérez Figueroa, consideró que mantener los combustibles sin variación ofrece mayor certidumbre a quienes prestan el servicio de transporte público, debido a la incidencia de los carburantes en sus gastos diarios.
El dirigente sostuvo que la estabilidad de los precios facilita la planificación de las operaciones y reduce la posibilidad de que los transportistas soliciten aumentos en las tarifas para compensar nuevos costos. También valoró que la medida contribuya a proteger a los usuarios frente a eventuales incrementos en el pasaje.
No obstante, la continuidad del congelamiento permanece condicionada al límite semanal de RD$1,500 millones en subsidios, por lo que su aplicación dependerá del costo que represente para el Estado.
De esta manera, la discusión sobre los combustibles reúne tres preocupaciones centrales: la exigencia de la oposición de que las reducciones internacionales se reflejen en el mercado local, la necesidad de estabilidad para el transporte y los consumidores, y el desafío fiscal que supone para el Gobierno mantener los precios protegidos frente a las variaciones externas.
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