En República Dominicana, según las estadísticas del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), institución que tiene como funciones promover, educar, tecnificar y fiscalizar el Movimiento Cooperativo a nivel nacional, existen 1,196.00 de cooperativas o 2,000,000.00 de cooperantes, que tienen presencia en todo territorio y forman parte de todas las actividades productivas.
La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC) que nació bajo el amparo de la Ley 520, modificada por la Ley 122-05, está orientada a fortalecer las finanzas rurales, a tener acceso a servicios financieros completos. AIRAC es la única institución que representa en el país al Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU),
“En la actualidad, AIRAC agrupa a 17 cooperativas especializadas en la oferta de servicios de ahorro y crédito, a las que sirve de órgano gremial y agente de representación, además de supervisarlas, brindarles servicios de asistencia técnica, capacitación, tecnología e innovación”, apunta Alfredo Darío Dorrejo Peralta, presidente de la asociación.
Las cooperativas, en su conjunto, se diferencian en su madurez tecnológica y de ciberseguridad, pero en todas realizan operaciones, transacciones, transferencias y pagos de dinero a través de diversos métodos: caja, cajeros, plataformas digitales bancarias, entre otras.
Según el especialista en ciberseguridad, Engel Rivas estas operaciones mencionadas, poseen un riesgo inherente cibernético de nivel medio alto, sin los controles y contramedidas de detección y prevención contra amenazas, ya que, los riesgos de ciberseguridad son un tanto similares al de las entidades financieras, sobre todo, en los casos que ya muchas cooperativas han empezado a trabajar los temas de servicios en línea.
“Hablamos de fraude Interno o externo con pérdidas económicas, riesgo reputacional. También intrusión maliciosa interna o externa (hacking, ramsonware, virus, APTs… De igual manera, colapso de las operaciones y servicios, pérdidas económicas e impacto reputacional. De robo y fuga de informaciones internas y confidenciales”
De acuerdo con el especialista, este top de amenazas y su impacto, es solo la punta un iceberg de todos los múltiples focos de amenazas operacionales, cibernéticas y tecnológicas que existen y pueden afectar las operaciones y servicios del sector de las cooperativas a nivel nacional.
“El Gobierno Dominicano y el IDECOOP, deben promulgar reglamentos, normas y mejores prácticas para adecuar y establecer un nivel de riesgo aceptable en las cooperativas”, asegura Rivas.
La ingeniería social sería la herramienta que usan los cibercriminales para asediar las vulnerabilidades de cooperativas del sector textil, alimentos, cosmética natural y agricultura familiar, entre otras. De acuerdo con ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, en el caso de las cooperativas, las organizaciones criminales buscan las más aisladas o las de constitución nuevas para incursionar en sus sistemas.
“Es muy importante el uso de tecnología para proteger su buen desempeño y desarrollo. El primer paso para proteger cualquier negocio es identificar las vulnerabilidades a las que se está expuesto. En muchas ocasiones, la persona es consciente de gran parte de los riesgos, pero quizá existen otros que no conozcas y que, en caso de materializarse, pondrían en graves problemas a la empresa para la que laboran”, explica Bernabé Aguilar, gerente de ESET en República Dominicana.
De acuerdo con Engel Rivas, dentro de los controles y medidas iniciales que las cooperativas deben implementar, estarían el control y contramedida a nivel de esfuerzo, con la creación y aprobación de un programa o estrategia de seguridad cibernética y de la información. También la creación de documentación, la contratación de personal calificado o la aplicación de análisis de brecha (GAP Analysis) para validar nivel de madurez controles ciberseguridad
“Como país todos debemos comprometernos y procurar que este sector de las cooperativas se regule con controles, normas y mejores prácticas de ciberseguridad, como lo están los demás sectores del mercado dominicano. De tal forma, detectar y prevenir la materialidad de incidentes que puedan impactar este sector tan dinámico e importante en la economía dominicana”.
A nivel regional, de acuerdo con un informe de Tendencias del Cibercrimen elaborado por un compendio de expertos en la industria de ciberseguridad, liderado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. se espera que a 2025 haya un incremento del 15% anual de los costos del cibercrimen. De hecho, para ese año podrían alcanzar los 10.5 billones de dólares anuales.
La nueva versión del Proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, diseñado para combatir la piratería, el acoso en línea y el robo de datos, y que fue retirado en julio de 2022 para que se incluyeran las pautas de la ley sobre libertad de expresión, introduce nuevas tipificaciones para crímenes electrónicos como la piratería, la clonación de tarjetas de crédito, la distribución de contenido sensible y el acoso virtual. De ser aprobada, la nueva ley sustituirìa la actual Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Según ESET, Actualmente se necesitan a nivel global 3.4 millones de profesionales más trabajando en ciberseguridad y el 70% de las organizaciones asegura que tiene posiciones en ciberseguridad sin cubrir. En el caso de República Dominicana, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) están formando a 200 egresados.
“Hoy en día, en un mundo cada vez más digitalizado y donde los riesgos en línea se han multiplicado, la formación en ciberseguridad es fundamental. Este contexto, en el ITLA lo vemos también como una oportunidad, así que desempeñamos nuestro rol, formando a estudiantes en estas habilidades técnicas a través de una combinación teoría y práctica, sobre todo, en aprendizaje basado en proyectos. Así, estamos formando a las próximas generaciones”, afirma Eddy Martínez, presidente del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
