La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión temporal de sus operaciones en Nicaragua, luego de que el Gobierno de Daniel Ortega cancelara su personalidad jurídican y sus activos en un banco privado fueran congelados.
IATA explicó que como resultado del Acuerdo Ministerial número 38 del Ministerio del Interior de Nicaragua que desembocó en la ilegalización de unas 1,500 onegés, su sistema de remesas y liquidaciones denominado BSP está suspendido temporalmente en ese país.
En una declaración enviada a medios de comunicación y a agencias de viaje, la organización aseguró que trabaja “con todas las partes interesadas para asegurar la continuidad de las operaciones del BSP en Nicaragua y los mantendremos informados al respecto”.
Al congelar las cuentas de IATA, desaparece el BSP, una parte esencial de la organización que agiliza el proceso de emisión de boletos al proporcionar una plataforma estándar para pagos y liquidaciones entre agentes y aerolíneas.
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El mayor cierre de onegés
IATA fue una de las 1,500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro y que fueron ilegalizadas por el Gobierno de Ortega el pasado 19 de agosto.
Esa medida sin precedentes se dio tres días después de que el Ejecutivo de Nicaragua anunciara que reformaría el funcionamiento de las ONG, que ahora deberán operar en “alianzas” con instituciones gubernamentales para poder ejecutar sus proyectos.
El número de las organizaciones clausuradas por el gobierno de Nicaragua se eleva a más de 5,100 desde 2018.
Los argumentos para el cierre de organizaciones
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7,227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
