La inminente reforma fiscal del Gobierno de la República Dominicana, que será presentada hoy en La Semanal con la Prensa, genera una expectativa palpable entre sectores clave como energía, hidrocarburos y transporte.
En su reciente presentación ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), el ministro de Hacienda, José Manuel “Jochi” Vicente, expuso las razones de esta ambiciosa propuesta, que busca eliminar incentivos y equilibrar la carga impositiva.
La meta proyectada es recaudar más de RD$110,000 millones, con lo que el gobierno apunta a mejorar sus finanzas públicas, lo que podría ser determinante para el desarrollo sostenible del país.
¿Cuáles sectores serán los de mayor carga impositiva? Para nadie es un secreto que la República Dominicana es uno de los países con los precios de los combustibles más altos, precisamente debido a los impuestos. Entonces, el Gobierno podría aumentar las contribuciones del sector hidrocarburos.
De hecho, el precio de los combustibles es determinante para el desarrollo industrial y económico, por su uso en las cadenas de suministro, la producción, el transporte y el comercio.
Vicente enfatizó en aquel encuentro empresarial la necesidad de que todos los actores—incluyendo el sector público, privado y hasta las iglesias—contribuyan a la causa. Su enfoque no solo se centra en incrementar la recaudación, sino también en implementar un plan agresivo contra la evasión fiscal.
El funcionario explicó la necesidad de aumentar el gasto de capital del 2.7% al 5% del producto interno bruto (PIB), lo que resalta la urgencia de recursos adicionales para financiar inversiones esenciales.
Este contexto revela que la economía de la República Dominicana, con el tercer gasto público más bajo de la región, enfrenta desafíos significativos. Mientras los sectores esperan los detalles de la reforma, queda claro que la capacidad del gobierno para destinar estos recursos a áreas críticas como la salud, la seguridad y los salarios será fundamental.
Hasta el momento, los sectores han estado de acuerdo con una reforma integral que evalúe en detalle el efecto costo-beneficio de los incentivos en sectores clave. Además, esperan transparencia en el plan de ejecución de la reforma y en el manejo del gasto público.
