Tras la decisión que tomó el Ministerio de Administración Pública (MAP) de solicitar a los empleados públicos facturas actuales del pago de sus servicios básicos como la luz y el agua, diversos sectores critican la estrategia y la califican de inconstitucional.
El MAP informó ayer, a través de la circular 018031 del 31 de octubre, que sería obligatorio que los empleados demuestren estar al día con sus obligaciones de pagos de la energía eléctrica y el agua potable, indicando que es una medida de ejemplificar los deberes de los ciudadanos.
PLD tilda medida como inconstitucional

Las reacciones sobre esta medida del MAP, ha generado rechazo de personalidades y de organizaciones políticas de oposición, tal es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que manifestó a través de su Dirección Jurídica que dirige, José Dantés, como «inconstitucional», porque «viola el derecho a la intimidad y al honor personal que el Estado está obligado a preservar».
Dantés argumentó que esa circular representa una violación a la dignidad humana, en virtud de que «irrespeta la vida privada y familiar». Aconsejó a las autoridades a concentrarse en que los servicios públicos que ofrece el gobierno satisfagan el interés de la población como lo establece el artículo 147.2 de la Constitución. Instó al oficialismo a revocar esa medida.

«Lamento mucho que se haya producido esa circular con una disposición de esta naturaleza, a todas luces inconstitucional, porque viola el derecho a la intimidad, al honor personal, que debe preservar el Estado», sostuvo.
El también miembro del Comité Político del PLD emplazó a las autoridades para que cumplan con la obligación de satisfacer los servicios públicos. Dijo que en las gestiones anteriores del partido morado la República Dominicana contaba con suministro de energía eléctrica 24 horas en casi todo el territorio nacional.
También expresó que otros servicios como el agua potable y libretas de pasaporte se obtenían en un plazo de 24 horas.
La excandidata vicepresidencial por el PLD, Zoraima Cuello, planteó que la «apariencia simple» del MAP es complejo, porque se trata de exigir que más 600,000 empleados públicos presenten facturas de servicios básicos en tan solo un plazo de 15 días.

Para la dirigente política, esa circular presenta por lo menos tres implicaciones:
- Carga administrativa innecesaria, de unos 614,000 servidores públicos de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social y los millones de documentos a procesar.
- Invasión a la privacidad.
- Retroceso tecnológico.

Oficialismo defiende decisión

El gobierno ha defendido la decisión a través de varios voceros, como el caso del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien puntualizó que los primeros en dar el ejemplo en los pagos de servicios públicos como el suministro de energía eléctrica y agua deben ser los funcionarios públicos.
Paliza explicó que la exigencia de que los servidores públicos demuestren el pago de facturas de los servicios antes citados no ocurría en gobiernos anteriores.
El funcionario indicó que si se le exige a la ciudadanía que pague por los servicios públicos, «nuestros funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo».
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