El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Tobías Crespo, reintrodujo un proyecto de ley con el objetivo de reducir en un 75 % las contravenciones de tránsito, estableciendo que la multa más baja de las leves sea de 2,500 pesos, y la más alta de las muy graves, de 17,500 pesos.
El legislador indicó que estos cambios se fundamentan en los principios de racionalidad y proporcionalidad, asegurando que las multas sean accesibles para la ciudadanía.
Como parte de la reforma, el proyecto plantea modificar el tema de la prescripción de las multas, ajustándolas a lo establecido en el Código Penal y el Código Procesal Penal, en lugar de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, donde actualmente las autoridades interpretan erróneamente la normativa, según explicó Crespo.
El diputado hizo un llamado a la Ministra de Interior, a la Digesett, al Intrant y a la Procuraduría General de la República para que hagan cumplir la Ley 63-17 ante la creciente ola de accidentes de tránsito, que han llevado luto y dolor a muchas familias dominicanas.
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Cumplimiento de la Ley 63-17
Crespo enfatizó que no es necesario modificar la Ley 63-17 para hacer obligatoria su aplicación, ya que las órdenes legales deben ejecutarse sin necesidad de aclaraciones adicionales. Recordó que la normativa vigente establece cinco medidas coercitivas para garantizar el pago de las multas:
- No renovación de la licencia de conducir.
- Imposibilidad de renovar la placa del vehículo.
- Prohibición de traspaso de vehículos en caso de venta.
- No renovación de la póliza de seguros.
- Imposibilidad de obtener la certificación de Inspección Técnica Vehicular (revista).
Críticas a las instituciones responsables
El congresista, quien es autor de la Ley 63-17, criticó la incapacidad de la Procuraduría General de la República en el manejo y cobro de las multas, así como la falta de acción de la Digesett y el Intrant para hacer cumplir la legislación.
«Las instituciones deben cumplir con su deber, y no lo están haciendo. Por eso vemos accidentes lamentables todos los días. Si no hacen cumplir la ley, esta pandemia de incidentes de tránsito seguirá afectando nuestras calles, avenidas y carreteras», expresó Crespo.
Detalles del proyecto
El diputado explicó que el monto actual de las multas es inalcanzable para muchos ciudadanos, especialmente para quienes perciben el salario mínimo de 10,000 pesos o trabajan en la economía informal.
«Las multas que se pagan hoy son del año 2007. Tenemos una ley nueva con multas viejas. La Ley 12-07, vigente desde hace casi 20 años, establece sanciones de RD$1,000 para las faltas leves y RD$1,650 para las graves. En la Ley 63-17, estas sanciones se clasifican según salarios mínimos, alcanzando hasta 70,000 pesos, lo cual es excesivo e impagable para sectores como los motoconchistas, deliverys y trabajadores con ingresos bajos», explicó.
El proyecto propone reducir las multas en un 75 %, manteniendo un índice ajustable al salario mínimo. Esto significa que:
- Las multas más bajas serían de RD$2,500 pesos en lugar de RD$10,000.
- Las más altas alcanzarían los RD$17,500 pesos en lugar de RD$70,000.
Además, se plantea una redistribución de los ingresos por multas, de manera que:
- 40 % se destine a los ayuntamientos locales.
- 20 % al Intrant.
- 20 % a la Digesett.
- 20 % a la Procuraduría General de la República.
Actualmente, todo el dinero recaudado por multas va a la Procuraduría, sin ser distribuido equitativamente entre las instituciones que deben garantizar la seguridad vial, indicó el legislador.
Impacto del proyecto de ley
Crespo destacó que esta iniciativa busca tres objetivos claves:
- Facilitar la aplicación del régimen sancionador con montos más accesibles.
- Distribuir equitativamente los ingresos de las multas entre las instituciones responsables.
- Resolver el conflicto de competencia entre los tribunales de tránsito y los juzgados de paz, que actualmente enfrentan dificultades en la administración de sanciones.
De ser aprobado, este proyecto permitiría una mayor efectividad en la recaudación de multas, garantizando que los recursos sean utilizados para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes en el país.
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