En respuesta al creciente número de accidentes de tránsito y el clamor ciudadano por mayor seguridad vial, el directo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó una serie de modificaciones a la Ley 63-17.
Estas propuestas buscan reforzar el marco legal y garantizar su cumplimiento de manera más efectiva.
Las reformas han sido depositadas ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y contemplan medidas clave para endurecer las sanciones a infractores y mejorar la fiscalización en las vías del país.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó el pasado jueves que los legisladores convocarían en una comisión general a Milton Morrison, para conversar sobre el aumento de los accidentes de tránsito en el país.
De los Santos calificó como «muy preocupantes» la situación y explicó que los congresistas requieren una explicación sobre ese incremento.
En su papel fiscalizador, el Senado tiene la facultad de reunirse como una comisión general, que agrupa a los 32 senadores. En estos encuentros, citan a funcionarios y los cuestionan sobre su gestión pública. Al finalizar la comisión general, los senadores pueden presentar proyectos relacionados con los temas tratados en la reunión.
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Principales modificaciones propuestas:
- Declaración de rebeldía: los conductores que no paguen sus multas en el tiempo establecido podrían ser declarados en rebeldía y perder su licencia con autorización judicial.
- Extensión de la prescripción de infracciones: se amplía el período de prescripción de las infracciones de 1 año a 5 años, asegurando que las sanciones no queden impunes.
- Mayor fiscalización: se contemplan sanciones más severas para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones.
- Retención de vehículos: se retendrán los vehículos mal estacionados o cuyos conductores sean sorprendidos bajo los efectos del alcohol. Los infractores deberán asumir los costos de remoción.
- Pruebas de alcoholímetro: se habilitará legalmente a la Policía Nacional para que, junto a la Digesett, realicen controles nocturnos en zonas de expendio de bebidas y áreas de alta circulación vehicular.
- Reducción de límites de velocidad: se ajustarán los límites de velocidad en calles, avenidas, túneles y elevados, de acuerdo con estándares internacionales, con patrullaje 24/7.
- Sanciones por carreras clandestinas: Se impondrán penas de prisión de 1 a 2 años para quienes participen en estas actividades ilegales.
- Mayor presencia de la Digesett: se destinarán más recursos para garantizar operativos en horarios nocturnos, días feriados y zonas de alta siniestralidad.
- Multas más estrictas para motociclistas: quienes no porten casco, licencia o documentación en regla serán sancionados sin excepciones.
- Bloqueo de trámites a infractores: los conductores con multas pendientes no podrán obtener certificados de buena conducta, renovar licencias ni el marbete, con respaldo judicial para garantizar el cumplimiento.
Estas medidas surgen en medio de un intenso debate nacional sobre la necesidad de reforzar la Ley 63-17. La indignación ciudadana ha aumentado tras recientes tragedias viales, como la muerte de la joven Aida Nicole y el fatal accidente en Las Yayas de Azua, que dejó 11 muertos y más de 30 heridos.
El Intrant espera que estas reformas contribuyan a reducir la siniestralidad y a fortalecer la seguridad en las carreteras del país. Mientras tanto, diversos sectores continúan analizando las propuestas, en busca de soluciones definitivas al problema del tránsito en República Dominicana.
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