El reciente testimonio público de José Ángel Gómez Canaán —Jochy Gómez— sobre el caso Transcor-Intrant no solo amplifica un escándalo que ya era mayúsculo: desnuda, sin tapujos, la podredumbre institucional que carcome el aparato estatal dominicano.
Resulta vergonzoso, indignante y profundamente alarmante que, en pleno 2025, se sigan utilizando los recursos del Estado y las conexiones públicas para el beneficio personal de funcionarios, empresarios y estrategas que debieron ser garantes del interés colectivo.
Lo relatado por Gómez Canaán —presiones, traiciones, promesas rotas, acusaciones falsas y prácticas de soborno— revela un patrón de corrupción que trasciende el ámbito del transporte y que socava, una vez más, la confianza de toda la sociedad dominicana en sus instituciones.
Que un empresario asegure haber invertido más de RD$800 millones de su propio capital para mantener operativa la red semafórica tras la anulación de su contrato, convencido bajo presiones y promesas, es ya un síntoma de un Estado gobernado a base de chantajes, favores y manipulación. Peor aún es que este mismo empresario, ahora procesado judicialmente, siga vinculado a contratos sensibles como el plan biométrico de la frontera, operando a través de redes de influencia que evidencian la falta absoluta de escrutinio en la asignación de proyectos estratégicos.
Parecierá que los fondos públicos, la infraestructura crítica y los mecanismos de control son entregados como monedas de cambio al mejor postor. Cada acusación lanzada —contra exdirectores, abogados influyentes y asesores de comunicación— pone de manifiesto que el problema no es un caso aislado ni un error puntual.
Lo más penoso de todo este episodio es que el pueblo dominicano, el verdadero dueño de esos recursos, es quien paga las consecuencias. Son los ciudadanos quienes enfrentan cada día un tráfico insoportable, un transporte público deficiente y una institucionalidad herida de muerte, mientras otros se enriquecen a costa del caos.
La preocupación nacional no es infundada. ¿Qué garantías tiene hoy el ciudadano de que los contratos públicos responden al interés general y no a pactos oscuros entre funcionarios y empresarios? ¿Qué certeza puede haber de que no se seguirán sacrificando los servicios esenciales del país en el altar de la corrupción?
