En la República Dominicana, la generación de energía eléctrica a partir de paneles solares sigue siendo una excepción más que una regla. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), apenas el 0.3% de los hogares utiliza paneles solares como fuente principal de energía, lo que equivale a unos 8,883 hogares.
Mientras tanto, el 98.9% de los hogares sigue conectado al tendido eléctrico público, con un promedio de 21.5 horas de suministro diario, cifra que se eleva en regiones como el Cibao Noroeste (23.3 h) y se reduce en otras como Valdesia (19.2 h), , según el informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La baja penetración de energía solar contrasta con el avance de la generación distribuida, es decir, aquella generada por los propios consumidores, comúnmente mediante paneles solares, y que se inyecta a la red eléctrica. Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), hasta noviembre de 2023 el Programa de Medición Neta registraba 14,593 clientes y una capacidad instalada de 346 megavatios.
Incentivos y crecimiento en Edesur
El impulso a este tipo de generación ha sido favorecido por la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables, que establece exenciones fiscales, incluyendo el ITBIS, para quienes generen energía limpia. Solo en 2023, la CNE aprobó 2,400 solicitudes de exenciones fiscales, de las cuales el 95 % correspondió a proyectos de pequeña escala.
En ese contexto, la distribuidora Edesur Dominicana ha mostrado avances significativos, pasando de 1,759 clientes con paneles solares en 2020 a 5,029 en febrero de 2024, lo que representa un crecimiento del 185% en tres años y medio.
Sin embargo, esta rápida expansión no está exenta de controversias. Expertos del sector y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) advierten que el esquema actual de medición neta —que permite a los autoproductores compensar su consumo con la energía que inyectan a la red— ha profundizado el déficit financiero del sistema.
Impacto financiero y regulación pendiente
El ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, experto en energía y exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), sostiene que el modelo actual genera pérdidas anuales de hasta US$100 millones para las distribuidoras, lo cual recae indirectamente sobre el Estado.
Para Castellanos, la solución pasa por migrar hacia un esquema de facturación neta, que valore la energía inyectada no al precio del consumidor final, sino al costo promedio de los contratos de compra (PPA) que las distribuidoras mantienen con generadores similares.
“La energía distribuida debe ser tratada como un generador más, y no beneficiarse de tarifas subsidiadas”, argumenta, aunque acepta que puede justificarse un incentivo de precio, ya que esta energía elimina pérdidas de transmisión, estimadas en un 2% a nivel nacional.
Castellanos sugiere que los clientes actuales de medición neta conserven ese esquema por tres años tras la entrada en vigencia del nuevo reglamento que prepara la Superintendencia de Electricidad (SE), y luego migren gradualmente al modelo de facturación neta.
Un reto técnico y administrativo
Además de lo financiero, el experto recomienda evaluar la capacidad técnica de los circuitos eléctricos antes de aceptar nuevos proyectos de generación distribuida, para evitar sobrecargas o problemas de estabilidad. Propone que el organismo competente tenga un plazo máximo de un mes para responder solicitudes, y que el silencio administrativo se interprete como aprobación automática.
A pesar de los desafíos, Castellanos insiste en que la facturación neta permitiría a los inversionistas recuperar sus costos en un plazo mayor, pero sin afectar el equilibrio financiero del sistema.
La energía solar en los hogares dominicanos aún está en una etapa incipiente, pero en expansión. Aunque solo el 0.3% de los hogares la usa como fuente principal, las cifras de nuevos clientes y la capacidad instalada apuntan a un cambio progresivo. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema eléctrico exige un nuevo marco regulatorio, que garantice tanto la viabilidad económica de las distribuidoras como el incentivo a las fuentes limpias.
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