En un país donde el combustible es el latido constante que mueve ambulancias, transporte público, camiones de alimentos y el vehículo familiar, es imperativo que su red de distribución opere con eficiencia, seguridad y estabilidad. Sin embargo, hoy esa red atraviesa una crisis silenciosa.
La raíz del malestar no es nueva: los márgenes de comercialización que reciben las estaciones de servicio y distribuidores de combustibles no han sido actualizados en consonancia con los costos operativos que se han disparado durante la última década.
Mientras las tarifas eléctricas, los seguros, los salarios, el mantenimiento de flotillas y los costos bancarios han escalado de forma sostenida, el margen por galón apenas se ha movido, dejando al sector trabajando con márgenes netos que en muchos casos rozan la pérdida.
La situación se vuelve más compleja cuando se observa el escenario de competencia: estaciones informales o subsidiadas que venden combustible por debajo del precio real, aprovechando vacíos regulatorios o clientelismo disfrazado de asistencia. Esto, combinado con la carga de la facturación electrónica, las alzas en comisiones por pagos con tarjeta y nuevas reglas sin acompañamiento técnico, ha llevado a muchas estaciones a reducir turnos, despedir personal.
El impacto de esta realidad no es anecdótico. Más de 45,000 empleos dependen del sector de combustibles. Su debilidad repercute directamente en la logística nacional, en la seguridad vial, en la movilidad diaria del país. Si la red se debilita, lo sentiremos todos: desde los supermercados hasta los hospitales, desde las zonas rurales hasta los centros urbanos.
La experiencia internacional ya lo ha demostrado. Países como Argentina, Guatemala o Haití vivieron el colapso parcial de sus sistemas de distribución cuando los márgenes fueron ignorados. No se trató de un problema sectorial, sino nacional.
