Líderes comunitarios resaltan acuerdo histórico con Barrick Pueblo Viejo tras seis meses de negociación en Cotuí

Tras un intenso proceso de seis meses de negociaciones, representantes de seis comunidades de Cotuí firmaron un acuerdo histórico con la empresa Barrick Pueblo Viejo, el Gobierno dominicano y diversas instituciones, que establece un modelo de reasentamiento planificado, compensaciones justas y garantías colectivas.

El acuerdo fue suscrito por 23 líderes comunitarios de las localidades de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, quienes destacaron que el proceso se llevó a cabo de manera libre, voluntaria y transparente, con la presencia del Ministerio de Energía y Minas, el Obispado de La Vega y la Defensoría del Pueblo como garantes.

Martín Guzmán, representante de El Rayo, calificó el pacto como un paso significativo para las comunidades afectadas, al tiempo que advirtió que ahora comienza una etapa crucial de implementación individual, que requiere un seguimiento continuo e institucionalidad fuerte.

El dirigente comunitario Manuel Severino, por su parte, afirmó que aunque el acuerdo no es perfecto, se trabajó para obtener un resultado que minimice los daños y evite que las comunidades queden desprotegidas. Ambos líderes coincidieron en valorar la disposición del Ministerio de Energía y Minas y de las autoridades eclesiásticas como factores clave en la construcción de un consenso sólido y legítimo.

Logros del acuerdo

Entre los principales logros se encuentran:

  • Compensaciones económicas duplicadas respecto a las ofertas iniciales.

  • Ejecución de obras sociales prioritarias, como un cementerio, un destacamento policial y espacios públicos comunitarios.

  • Incorporación de garantías ambientales para proteger las fuentes de agua y asegurar el acceso a servicios básicos en las nuevas localidades.

  • Establecimiento de una oficina de seguimiento comunitario permanente en Arroyo Vuelta, que permitirá monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Además, el acuerdo institucionaliza mecanismos formales para el diálogo continuo, la reubicación progresiva y la verificación independiente del proceso, con la participación activa del Obispado de La Vega, la Defensoría del Pueblo y otras entidades de la sociedad civil.

Las comunidades involucradas han expresado su compromiso de mantenerse activas y vigilantes durante la etapa de ejecución, reafirmando que este proceso, aunque complejo, ha sido un avance hacia una transición más digna y estructurada.

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