La República Dominicana figura entre los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de pérdidas eléctricas, una situación que continúa representando una vulnerabilidad para las finanzas públicas.
Según el informe “Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país registra un nivel de pérdidas cercano al 31 %, solo superado por Haití (60 %), Honduras y Venezuela (33 %). Le siguen Jamaica (27 %) y otras naciones de la región. Los datos reflejan el promedio de los últimos cinco años, comprendidos entre 2015 y 2019.
“Las pérdidas de electricidad son un problema importante en todas las subregiones de América Latina y el Caribe, donde su tasa promedio oscila entre el 15.2 % y 18.1 %”, destaca el informe del BID.
Pese a este panorama, el documento reconoce que países como República Dominicana, Nicaragua y Jamaica, donde históricamente los niveles de pérdidas han sido elevados, han comenzado a mostrar mejoras.
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En el caso dominicano, el BID y otras entidades han comprometido más de US$400 millones (alrededor de RD$23,616 millones) para fortalecer los programas de reducción de pérdidas. Estas inversiones se han concentrado principalmente en zonas urbanas, con mejoras en subestaciones y en las redes de transmisión y distribución. Como resultado, el país ha logrado reducir las pérdidas en seis puntos porcentuales durante los últimos cinco años.
El informe también advierte que, en sistemas eléctricos térmicos como el dominicano, el costo de la electricidad es altamente sensible a las fluctuaciones del precio internacional de los combustibles. Por tanto, los aumentos globales pueden traducirse en mayores costos para los usuarios finales.
Las finanzas del sector eléctrico
El BID señala que en países como República Dominicana existe un porcentaje significativo de usuarios irregulares, conectados a redes deterioradas o que acceden al servicio mediante instalaciones informales. Esta situación responde, en parte, al crecimiento desorganizado de muchas ciudades latinoamericanas, cuya expansión ha superado la capacidad de inversión de las empresas distribuidoras.
En ese contexto, la región pierde entre US$9,600 y US$16,600 millones anuales, equivalentes al 0.19 % y 0.33 % del PIB regional. Para República Dominicana, las pérdidas se estiman entre US$498 y US$742 millones, lo que representa entre 0.56 % y 0.83 % del PIB nacional.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) alertó que la República Dominicana enfrenta un reto financiero, pues lidera un grupo de 15 países de la región con pérdidas superiores al 31 % para 2024.
“Mientras algunos países como Chile o Costa Rica han logrado mantener las pérdidas eléctricas por debajo del 10 %, otros —como República Dominicana u Honduras— registran cifras superiores al 35 %”, indicó la entidad.
El CREES advirtió que estas pérdidas representan un drenaje de recursos públicos, deterioran la calidad del servicio y reflejan, en muchos casos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras estatales.
De acuerdo con el Crees, los países con mayor participación privada en la distribución eléctrica presentan menores niveles de pérdidas, con un promedio de 14.1 %, frente al 22.3 % registrado en aquellos donde predomina la gestión estatal.
“No es coincidencia: la participación del sector privado ha permitido una mejor gobernanza, mayores incentivos para la eficiencia y mejoras sostenidas en la calidad del servicio”, afirmó el Centro de Estudios.
En cambio, en República Dominicana, las empresas distribuidoras electricas estatales (EDE) no dependen de su eficiencia operativa, sino del respaldo constante del Estado. Solo hasta mayo de 2025, las EDE ya habían recibido más de RD$35,000 millones en subsidios, lo que representa una “pesada carga” para los contribuyentes.
Abordar el problema de las pérdidas eléctricas requiere algo más que inversiones: es necesario reformar la estructura institucional del sistema eléctrico.
Persistir en un modelo estatal ineficiente implica postergar la modernización del sector, mantener la presión sobre el presupuesto público y condenar a los usuarios a un servicio de baja calidad. La evidencia muestra que donde hay gestión privada, hay menos pérdidas y mejor servicio.
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