La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró positivamente la apertura al diálogo por parte de la Cámara de Diputados en el proceso de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, aunque advirtió sobre la falta de sustento técnico para el incremento de la contribución especial prevista en el proyecto.
La AIRD reconoció la disposición mostrada por la comisión especial encargada del análisis de la iniciativa, que ha promovido un proceso de consulta abierto. Sin embargo, expresó su “profunda preocupación” por lo que considera un incremento irrazonable y desproporcionado de dicha contribución, sin que hasta el momento se haya presentado un estudio técnico que respalde los nuevos montos.
“Reconocemos el cumplimiento del compromiso asumido públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados de garantizar espacios de discusión abiertos y participativos sobre esta iniciativa, así como el ajuste realizado a una serie de artículos que afectaban a la manufactura local y que habían sido incluidos en el proyecto original sin ningún tipo de sustento técnico ni discusión pública”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
No obstante, Pujols criticó que los montos aprobados siguen siendo desproporcionados y carecen de justificación clara. “En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio”, señaló. También propuso que fondos públicos que reciben entidades como ECO5RD, creada por el Decreto 28-23, sean considerados dentro del esquema financiero del Fideicomiso DO Sostenible.
El gremio reiteró su comprensión de los retos financieros de las alcaldías, pero advirtió que la contribución especial debe usarse exclusivamente para lograr los fines de la ley, como el cierre de vertederos a cielo abierto y la gestión adecuada de residuos sólidos.
“No puede pretenderse dar respuesta a todas las necesidades de la municipalidad con una contribución especial que debe necesariamente ser dirigida al cumplimiento del objetivo transversal de la ley”, precisó Pujols.
La AIRD confía en que el diálogo continuará en el Senado con apertura y pluralidad, destacando que aún existen aspectos por mejorar. En particular, mencionó que hay elementos del documento que entran en contradicción con buenas prácticas internacionales y que han sido señalados por la Comisión de Defensa de la Competencia como posibles riesgos a la libre competencia, incluyendo aspectos de carácter contractual que, a su juicio, no deberían formar parte de esta legislación.
“El Senado todavía puede hacer ajustes al documento y abordar algunos de los aspectos considerados como anti-competitivos”, concluyó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
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