Desde que el Gobierno no logró implementar el tan anunciado paquete de reforma fiscal integral, hemos sido testigos de una estrategia que apunta a aplicar la reforma “por sectores”. Sin un consenso político ni social para ejecutar un plan fiscal estructurado, las autoridades han optado por introducir nuevos impuestos, tasas y ajustes graduales que, aunque no llevan la etiqueta de “reforma”, tienen el mismo impacto en los bolsillos de la ciudadanía.
Uno de los primeros sectores en sentir este enfoque fue el eléctrico. El Gobierno puso en marcha una cuestionada estrategia de apagones programados, alegando castigar a quienes no pagan el servicio. Sin embargo, la medida terminó afectando indiscriminadamente a comunidades completas, incluso a quienes cumplen con sus obligaciones. En este caso, como en muchos otros, pagaron justos por pecadores.
El sistema eléctrico ha sido por años el talón de Aquiles de las finanzas públicas, sostenido por un subsidio millonario que sigue creciendo y comprometiendo el gasto estatal. No obstante, en lugar de aplicar una solución estructural o mejorar la gestión de las distribuidoras, la política ha sido cargar sobre la población los efectos de esa ineficiencia.
El sector transporte también ha sufrido su cuota de “reforma”: aumentos en las primas de seguros, nuevas tasas y más agentes fiscalizadores en las calles que imponen multas elevadas. A esto se suma el impacto de la inflación que ha disparado los precios de piezas, repuestos y combustibles esenciales como el GLP y el gasoil, que también han experimentado incrementos sostenidos en sus precios.
Paralelamente, se han implementado otras medidas que, aunque tienen el propósito de mejorar la sostenibilidad y la eficiencia, se traducen en mayores ingresos para el Estado. Tal es el caso de los impuestos a la importación de equipos eléctricos que no cumplan con estándares de eficiencia energética, o la reciente propuesta de un subdirector para aplicar un nuevo ajuste a los impuestos de vehículos importados.
En el sector aeronáutico también se han introducido ajustes. El aumento en las tasas aeroportuarias, dispuesto por el Gobierno a partir del 1 de noviembre a solicitud de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), provocará un alza en el costo de los boletos aéreos para los pasajeros que entran o salen del país.
Frente a este panorama, surge una interrogante legítima: ¿estamos viviendo una reforma fiscal silenciosa, aplicada de manera fragmentada y sin debate público?
