La propuesta de Ley de Residuos Sólidos, lejos de cerrar un capítulo legislativo necesario, ha abierto un intenso debate nacional sobre su pertinencia, impacto y legitimidad. Aunque el país reclama desde hace años una gestión moderna de los desechos, imponer una norma con tantas aristas controversiales, sin un consenso real entre los actores productivos, amenaza con desvirtuar sus propósitos ambientales.
La crítica no proviene solo del empresariado: legisladores de distintas bancadas también han alzado la voz para advertir sobre las consecuencias económicas, sociales e institucionales de su aplicación.
Uno de los puntos más sensibles es el aumento en las tasas por manejo de residuos, que en algunos casos superan el 300 %. Las micro, pequeñas y medianas empresas —el 98 % del aparato productivo nacional— alegan que no fueron consultadas y que este incremento pone en riesgo su sostenibilidad. ¿Cómo puede una ley que busca fomentar la sostenibilidad terminar asfixiando a los sectores más vulnerables del tejido empresarial?
La disidencia dentro del mismo Congreso fue evidente. La Fuerza del Pueblo, a través de su vocero Rafael Castillo, presentó un informe alterno que señalaba debilidades estructurales en el proyecto.
El artículo 20, que obliga a las cementeras a utilizar residuos como combustible, es quizás el mejor ejemplo del desequilibrio legal. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland no solo lo rechazó, sino que argumentó que viola la libertad empresarial consagrada en la Constitución.
Una ley ambiental no puede imponer condiciones técnicas sin asegurar antes la existencia de mercados funcionales ni garantías de abastecimiento y calidad. Hacerlo es legislar en el vacío.
