República Dominicana enfrenta una creciente presión fiscal, alimentada por una combinación de alto endeudamiento, subsidios generalizados, expansión del gasto corriente y baja eficiencia recaudatoria, así lo expresó el economista Andy Dauhajre, quien advirtió que es necesario tomar medidas urgentes para reestructurar las finanzas públicas.
El economista dijo que uno de los aspectos más alarmantes es el peso del servicio de la deuda pública, al tiempo de señalar que el país corre el riesgo de enfrentar una situación similar a la vivida en Argentina, marcada por crisis de deuda, pérdida de credibilidad y deterioro institucional.
Para el 2026, se estima que el gobierno dominicano deberá destinar RD$322,000 millones solo al pago de intereses de la deuda del gobierno central, lo que representa alrededor del 4 % del producto interno bruto (PIB) proyectado (unos 8.1 a 8.2 billones de pesos). A esto se suman entre RD$130,000 y RD$140,000 millones adicionales por intereses pagados por el Banco Central, elevando el gasto total en intereses a cerca del 5.5 % o 5.6 % del PIB, una cifra calificada por economistas como insostenible.
Además agrego que este esfuerzo fiscal no se limita al pago de intereses, sino también a la amortización de bonos que vencen cada año. “Para cubrir estas obligaciones, el Estado recurre al mecanismo de “rollover”, que implica emitir nueva deuda para pagar la anterior”.
Sin embargo, este mecanismo depende de las condiciones del mercado internacional. Si las tasas de interés globales siguen subiendo, como consecuencia de decisiones de política monetaria en países como Estados Unidos, el costo del endeudamiento se encarecerá aún más, dificultando la sostenibilidad del sistema.
“Por ejemplo, un eventual aumento de aranceles por parte de Estados Unidos como han planteado figuras como Donald Trump podría generar inflación en ese país. En consecuencia, la Reserva Federal se vería obligada a subir su tasa de interés, lo que repercutiría directamente en la tasa que paga República Dominicana en los mercados. Un incremento de solo un punto porcentual podría elevar sustancialmente el servicio de la deuda, afectando la calificación crediticia y el acceso al financiamiento externo”, indicó el experto en economía tras ser preguntado en el programa Las Exclusivas de José Peguero.
En ese contexto, dijo que le preocupa que el gobierno lleva ya cinco años consecutivos financiando su gasto corriente con deuda, no solo para inversión pública, sino también para cubrir operaciones básicas.
Esto incluye el pago de nómina, subsidios, pensiones y otros compromisos operativos. Según los economistas, esta situación se ve agravada por una política de gasto muy complaciente, caracterizada por concesiones sin criterio técnico, baja focalización y escaso control.
Subsidios desproporcionados y falta de focalización
Un ejemplo claro de esa tendencia es el subsidio a los combustibles, que ha sido mantenido por más de tres años mediante el congelamiento de precios. Aunque se presenta como una medida para proteger a los sectores más vulnerables, los datos revelan lo contrario: los grupos de mayores ingresos reciben casi la mitad del subsidio total.
Según encuestas del Banco Central, de los RD$17,000 millones que costó el subsidio a los combustibles en el último año, unos RD$8,060 millones fueron a parar a los bolsillos de las personas con mayores ingresos. Se incluyen casos extremos como hogares de altos recursos que usan Gas Licuado de Petróleo (GLP) para calentar piscinas, los cuales también se benefician del subsidio.
Esto ocurre a pesar de que existen mecanismos focalizados como el Bono Gas, que asiste a unos 930,000 hogares pobres. A juicio de los expertos, no se justifica mantener un subsidio generalizado cuando ya existen programas dirigidos específicamente a la población vulnerable.
Además, se recuerda que el país no produce combustibles, por lo que debe importarlos usando divisas del Banco Central, lo que ejerce presión sobre las reservas internacionales y complica la estabilidad cambiaria.
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Pensiones y subsidios sociales sobredimensionados
En este sentido, Andy de Aguaje agrego que, la otra señal de la complacencia fiscal es la existencia de más de 14,000 pensiones especiales otorgadas a personas que nunca trabajaron en la administración pública, las cuales consumen alrededor de RD$5,000 millones anuales. Esto contrasta con las pensiones solidarias establecidas por la ley de seguridad social, que se dirigen a personas en situación de vulnerabilidad y alcanzan apenas 6,000 pesos mensuales.
Asimismo indico que, se han identificado casos de sobrecobertura en programas sociales, como la tarjeta Aliméntate del programa Súperate. Aunque el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), reconoce alrededor de 700,000 hogares pobres, en la práctica se entregan ayudas a más de 1.4 millones de hogares. Este descontrol también se refleja en la entrega de bonos extraordinarios, como el bono navideño que ha llegado a cubrir hasta dos millones de hogares, duplicando la población objetivo.
A esto se suman transferencias puntuales como el bono a las madres (“el cariñito”) y la “brisita navideña”, que según el economista responden más a una lógica política que a criterios técnicos de asistencia social.
Sobrecarga en el empleo público
El sector público también enfrenta un exceso de empleados, con aproximadamente 200,000 trabajadores por encima de lo necesario, lo que convierte la nómina estatal en otro tipo de subsidio encubierto. República Dominicana es, según los datos disponibles, el país de América Latina con mayor proporción de empleados públicos en relación con su población total.
En conjunto, estas prácticas conforman un patrón de gasto complaciente que absorbe una porción significativa de los ingresos fiscales, dejando poco margen para inversión en infraestructura y servicios esenciales. Según advierten los expertos, el gobierno no ha logrado transmitir con claridad la gravedad de la situación fiscal al país, lo que genera resistencias sociales ante cualquier intento de reforma.
Asimismo afirmó que, “se que la actual política de endeudamiento representa un problema de justicia intergeneracional. “Estamos siendo injustos con nuestros hijos y nietos”. Asegurando que para subsidiar, el presente tendrá que ser pagada con impuestos futuros. Por tanto, se hace un llamado a la responsabilidad, a la transparencia en la comunicación gubernamental, y a la necesidad de tomar decisiones difíciles antes de que la situación se torne inmanejable.
Además de enfrentar una carga fiscal insostenible, República Dominicana arrastra problemas estructurales en su sistema tributario que limitan la capacidad del Estado para recaudar de manera justa, eficiente y suficiente. Expertos en finanzas públicas advierten que, sin una reforma fiscal integral centrada en la equidad y la eficiencia, el país continuará dependiendo de la deuda para financiar tanto el gasto corriente como los programas sociales.
Uno de los principales problemas es la alta evasión tributaria, especialmente por parte de grandes contribuyentes, que logran utilizar mecanismos legales y vacíos normativos para evitar el pago de impuestos. Se estima que una proporción considerable de empresas declara pérdidas de forma continua, lo que les permite eludir el pago del impuesto sobre la renta.
Link de la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=KCLqZ0MTguk
Un ejemplo concreto: el sector hotelero
Sobre el área hotelera el economista dijo que, desde los años 2013-2014, muchos hoteles operan bajo un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que les permite pagar el ITBIS y el impuesto sobre la renta sobre tarifas fijas preestablecidas, en lugar de los precios reales que cobran al consumidor.
“Por ejemplo, los hoteles categorizados como “A” tributan como si sus habitaciones se alquilaran por US$110 por noche, cuando en la realidad muchas tarifas oscilan entre US$300 y US$350, e incluso alcanzan US$500, US$700 o más durante temporadas altas. Aunque el cliente paga el 18 % de ITBIS sobre la tarifa real, el hotel remite al fisco solo una fracción de ese impuesto, ya que lo hace sobre la tarifa pactada por acuerdo.
Esta práctica tiene varias consecuencias negativas:
- El Estado deja de recaudar grandes sumas por concepto de ITBIS.
- Se subdeclaran ingresos, lo que permite a muchos hoteles seguir reportando pérdidas y así evadir también el impuesto sobre la renta.
- Se crea una competencia desleal con otros sectores que sí tributan sobre la totalidad de sus ingresos.
El economista, criticó que esta situación ha sido tolerada por las autoridades fiscales, lo que pone en duda la efectividad del sistema tributario y genera serias interrogantes sobre la equidad del modelo fiscal dominicano.
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Una reforma pendiente y urgente
A la luz de estos desafíos, diversos el especialista ha insistido en la urgencia de una reforma fiscal integral que ataque las principales fallas del sistema: evasión, elusión, complejidad normativa y baja progresividad. Una reforma efectiva, sostienen, no debe centrarse únicamente en subir impuestos, sino en hacer que quienes más ingresos generan contribuyan proporcionalmente más.
Se plantea, además, la necesidad de simplificar el sistema tributario para evitar que grandes empresas sigan aprovechando vacíos legales para evadir el pago de tributos. También se pide revisar los múltiples regímenes especiales y exenciones fiscales que han proliferado en las últimas décadas, muchos de los cuales ya no tienen justificación técnica ni social.
Según el experto, este proceso debe ir acompañado de una mayor transparencia en la administración pública, incluyendo una revisión detallada del gasto y la eliminación de privilegios injustificados. Sin esta combinación de medidas, la presión sobre la deuda seguirá aumentando, comprometiendo no solo la estabilidad económica, sino también la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos y promover el desarrollo sostenible.
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