Hablar de brecha digital en República Dominicana es hablar del rostro oculto de la desigualdad. Aunque vivimos en la era de la hiperconectividad, aún hay territorios, comunidades y personas que permanecen al margen de ese mundo que parece estar al alcance de todos.
La tecnología ha transformado la forma en que estudiamos, trabajamos, accedemos a servicios y participamos socialmente. Sin embargo, no todos partimos del mismo punto de acceso ni llegamos con la misma velocidad. Esa es, en esencia, la brecha digital: una frontera que no se traza solo por la cobertura de red, sino por la capacidad real de conectarse, aprender, producir y decidir desde lo digital.
En los últimos años, República Dominicana ha avanzado en cobertura. El 88.6 % de la población está conectada a Internet, lo que representa más de 10.2 millones de personas. Sin embargo, solo el 21.5 % cuenta con una conectividad significativa —es decir, que combina velocidad, dispositivos, uso frecuente y aplicaciones útiles—, mientras que un 29.3 % está en condiciones mínimas o nulas de acceso útil. En términos reales, más de tres millones de dominicanos siguen fuera del mapa digital funcional.
Una desigualdad que también tiene mapa
Cuando se observa el territorio, la brecha deja de ser un concepto abstracto y se vuelve geografía. Las provincias del centro del poder —como Santo Domingo, Santiago o La Vega— muestran altas tasas de acceso. Pero cuando se mira hacia la frontera, el suroeste o zonas rurales, la imagen cambia.
Elías Piña, Bahoruco, Pedernales, Dajabón y Monte Cristi están entre las provincias con menores niveles de conectividad significativa, en algunos casos por debajo del 10 %. En regiones como El Valle y Enriquillo, la conectividad plena es prácticamente inexistente. Y en zonas rurales, el acceso significativo apenas alcanza el 9.5 %, mientras que en las urbanas supera el 23 %. Esto no es brecha: es abismo.
Relacionada: Alto precio de los celulares frena la revolución del 5G en República Dominicana
Retos estructurales que perpetúan la brecha
Uno de los principales retos es la falta de infraestructura moderna y sostenible. No basta con tener señal: se necesita estabilidad, velocidad, mantenimiento y continuidad.
El segundo gran obstáculo es la carga impositiva que penaliza el acceso digital. A las tarifas elevadas, se suma un 10 % de impuesto selectivo al consumo, como si la conectividad fuera un lujo. Pero en pleno siglo XXI, conectarse es una necesidad vital. Aplicar un impuesto de lujo a un servicio esencial solo amplía la desigualdad.
Además, existe un 2 % adicional destinado al desarrollo de las telecomunicaciones, que no está siendo utilizado de forma estratégica ni eficiente. Ese fondo debería financiar redes rurales, laboratorios escolares, centros comunitarios con Wi-Fi, fibra óptica en zonas remotas. Pero la falta de visión, de planificación y de rendición de cuentas lo ha convertido en un fondo dormido.
Otro error común ha sido confundir distribución de tabletas con inclusión digital. Equipar no es conectar. Conectar no es formar. Formar no es garantizar oportunidades. Entregar equipos sin soporte técnico, sin energía eléctrica continua, sin conectividad estable y sin acompañamiento docente es solo una acción simbólica que no resuelve nada.
Está la fragmentación institucional. Aunque existen más de 400 servicios públicos en línea, muchos no están interconectados. Un ciudadano puede iniciar un trámite digital, pero debe trasladarse físicamente para concluirlo porque las plataformas no se comunican entre sí. Esa fragmentación digital moderna sigue siendo exclusión clásica con otro disfraz.
Los ISPs comunitarios: cuando la solución nace desde el abandono
Mientras las grandes telefónicas concentran sus inversiones en las zonas urbanas, donde la rentabilidad está garantizada, hay comunidades enteras que siguen esperando ser vistas. Para ellas, la única alternativa han sido los proveedores de servicios de Internet (ISPs) independientes y comunitarios, que han surgido desde abajo, impulsados por jóvenes emprendedores que decidieron conectar lo que el mercado formal considera “inviable”.
Estos pequeños operadores —muchas veces sin apoyo inicial, sin exenciones fiscales ni marcos regulatorios adaptados— han sido clave para cerrar la brecha digital en comunidades rurales, montañosas o periféricas. Son los que instalan antenas, montan redes inalámbricas, cruzan ríos con cables, improvisan torres, aprenden por su cuenta, capacitan a otros, y se convierten en referentes técnicos y sociales de su entorno.
En mi propia experiencia como profesional del área, pude acompañar a uno de estos jóvenes durante mi tesis de grado. En varias comunidades de la provincia de San Cristóbal, este emprendedor comenzó brindando acceso a Internet a sus vecinos utilizando antenas comerciales y equipos adquiridos con recursos propios. Instalaba puntos de acceso Wi-Fi para conectar a hogares que no tenían ninguna otra opción. Lo que en un principio fue una solución modesta y local, con el tiempo se transformó en un proyecto formal con infraestructura de fibra óptica, conectando múltiples comunidades y generando empleos para varios técnicos que hoy forman parte de su equipo. Gracias a esa iniciativa, decenas de familias que antes estaban completamente desconectadas hoy tienen acceso a Internet estable y digno.
Ese caso de estudio no es único. Se replica en muchas otras comunidades del país: jóvenes técnicos, autodidactas, ingenieros informales o estudiantes que, ante el olvido estatal y la ausencia del mercado, construyen soluciones desde la precariedad. Sin incentivos. Sin seguridad jurídica. Pero con una convicción clara: conectar a su gente.
Y aquí hay una señal positiva: el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) ha comenzado a reconocer formalmente a estos emprendedores, otorgándoles permisos para operar como ISPs locales, con lo cual se les da legitimidad, estabilidad legal y acceso a oportunidades que antes no tenían. Esta medida es un paso importante, porque formaliza lo que ya era funcional, y demuestra que el Estado puede —y debe— colaborar con quienes ya están resolviendo desde el territorio lo que el mercado tradicional no cubre.
Lecciones regionales: cerrar la brecha sí es posible
Cerrar la brecha digital no es un sueño imposible. Hay países de la región que han demostrado que, con voluntad política, inversión inteligente y una visión territorial, sí se puede reducir la desigualdad digital.
- Uruguay es uno de los referentes más sólidos. Desde 2007, a través del Plan Ceibal, el Estado entregó laptops con conexión a Internet a todos los estudiantes de escuelas públicas, acompañadas de formación docente, mantenimiento técnico y acceso a plataformas educativas. Pero no se quedó en eso: llevó fibra óptica hasta los hogares en todo el país, incluso en zonas rurales. Hoy, Uruguay tiene una de las tasas más altas de conectividad significativa en América Latina, y los resultados se ven en la educación, la inclusión y la innovación.
- Colombia también implementó un enfoque territorial con su plan “Vive Digital”, llevando centros comunitarios con acceso gratuito a municipios apartados, capacitando a más de un millón de ciudadanos en habilidades digitales, y promoviendo emprendimientos tecnológicos en regiones donde antes no había nada. Aunque aún enfrenta desafíos, logró una expansión importante del acceso con sentido social.
- Costa Rica, por su parte, creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que destina parte de los ingresos del sector a proyectos de conectividad en escuelas, zonas rurales y grupos vulnerables. Gracias a eso, hoy cuenta con cobertura de Internet en casi el 100 % de los centros educativos públicos.
Estos países no son perfectos, pero demuestran que cuando se combina tecnología con equidad, el desarrollo digital se convierte en política de Estado, no en campaña publicitaria. No esperaron a que el mercado lo resolviera. Actuaron.
Recomendaciones para cerrar la brecha desde la raíz
Cerrar la brecha digital no se logra con actos simbólicos ni con medidas aisladas. Se requiere una visión estructural, territorial y sostenida en el tiempo. Hay recursos, hay capacidad técnica, y hay diagnósticos de sobra. Lo que hace falta es tomar decisiones que prioricen a quienes históricamente han sido excluidos.
El primer paso es replantear por completo el uso del fondo del 2 % destinado al desarrollo de las telecomunicaciones. Ese dinero debe convertirse en el motor financiero de una transformación profunda: llevar fibra óptica a zonas rurales, crear centros comunitarios con conectividad gratuita, equipar escuelas técnicas con laboratorios de redes y sistemas, financiar microproyectos de conectividad barrial. Ese 2 % debería tener nombre, mapa, fechas y resultados. No puede ser una promesa sin rostro.
También es urgente eliminar el 10 % de impuesto selectivo al consumo aplicado a los servicios de telecomunicaciones. No hay forma de cerrar una brecha si se encarece artificialmente el acceso. Conectarse no es un lujo, es un derecho habilitante para estudiar, trabajar y vivir. Seguir tratándolo como un bien suntuario solo profundiza la desigualdad.
Además, el enfoque de regalar dispositivos debe superarse. Si no hay electricidad constante, si no hay Internet estable, si no hay soporte técnico ni formación docente, esos equipos se convierten en chatarra. La inversión debe centrarse en lo estructural: redes, mantenimiento, plataformas útiles y formación.
El mercado de telecomunicaciones también debe abrirse. Mientras tres o cuatro empresas controlen el mercado sin presión real para mejorar tarifas o calidad, los consumidores seguirán pagando más por menos. Incentivar nuevos actores, como los ISPs comunitarios, y crear condiciones de competencia justa, es parte de la solución.
Por último, el Estado debe adoptar una política territorial clara. No se puede planificar desde el Distrito Nacional sin conocer las realidades de Elías Piña, Bahoruco o Dajabón. El mapa de la brecha ya está trazado. Lo que falta es recorrerlo.
Conclusión: el futuro no puede esperar
La República Dominicana se encuentra en una encrucijada. Ha avanzado en cobertura, ha digitalizado servicios, ha invertido recursos. Pero no ha cerrado la brecha. Y mientras no se entienda la conectividad como derecho y no como mercancía, seguiremos dejando a millones fuera de la ecuación del desarrollo.
No se cierra una brecha digital con discursos sobre innovación ni con fotos entregando tabletas. Se cierra con redes estables, programas de formación, tarifas justas y planificación territorial.
El país no puede seguir reproduciendo un modelo donde la conectividad se compra… y la exclusión se hereda.
Richard Santana es experto en Redes y Telecomunicaciones y auditor energético con experiencia en media y alta tensión.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
