En República Dominicana, el transporte terrestre de carga representa un renglón vital para la economía, pero también un punto crítico para la seguridad vial, la movilidad urbana y la competitividad logística. A pesar de los esfuerzos institucionales, el sector continúa enfrentando serias deficiencias: informalidad, regulación inefectiva y un parque vehicular obsoleto.
Las carreteras del país se han convertido en escenarios de peligro constante debido a la circulación de camiones sobrecargados y, en muchos casos, con condiciones mecánicas deficientes. Esta situación pone en entredicho la eficacia de las autoridades, cuyas acciones correctivas suelen intensificarse solo tras accidentes graves.
La imprudencia de algunas empresas o conductores, que priorizan el beneficio económico por encima de la seguridad vial, frecuentemente termina en tragedias. En rutas como la autopista Duarte, Las Américas o el tramo Navarrete–Montecristi, es común ver camiones con carga excesiva, luces defectuosas, sin señalización adecuada y circulando a alta velocidad.
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El 18%de las muertes de tránsito son por camiones
El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, advirtió que “esta es una de las principales causas de accidentes de tránsito en el país”. Recordó el más reciente caso ocurrido en la autopista Sánchez, en la localidad de Quita Sueño, Haina, donde 13 personas murieron al chocar una patana sobrecargada de cemento con un autobús, debido al exceso de velocidad.
Según datos del Observatorio Permanente de la Seguridad Vial, los accidentes que involucran vehículos pesados representan más del 18 % de las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana.
Y, aunque la Ley 63-17 establece límites claros de peso y medidas de seguridad para estos vehículos, su cumplimiento es irregular y la fiscalización es más simbólica que efectiva.
A esto se suma la escasa educación vial y una arraigada cultura de impunidad, donde muchos transportistas prefieren pagar una multa antes que corregir las fallas de sus vehículos o adecuarse a la normativa vigente.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen compartiendo las vías con lo que algunos llaman “camiones a la deriva”: verdaderas bombas de tiempo que, si no se enfrentan con firmeza, seguirán cobrando vidas.
Frente a este panorama, las autoridades han intensificado sus acciones para ordenar el tránsito de carga en áreas urbanas críticas. En enero de 2025, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reactivó la Ordenanza 14-2021, que prohíbe la circulación de vehículos de carga de dos ejes o más por el Malecón de Santo Domingo.
La restricción abarca la avenida George Washington y la autopista 30 de Mayo, desde el Puerto de Santo Domingo hasta la intersección con la avenida Luperón. La medida busca mejorar la seguridad y fluidez del tránsito, especialmente en zonas con alta densidad turística y peatonal.
Como parte de las estrategias de reorganización vial, el Intrant implementó el plan “Ponte en Ruta DN” a finales de 2024. Según datos oficiales, la circulación de vehículos de carga disminuyó en un 20 % en el Distrito Nacional y hasta un 50 % en el Malecón.
Estas acciones se reforzaron durante las festividades de diciembre, cuando se restringió totalmente el tránsito de camiones en todo el país, salvo para servicios esenciales.
En mayo de 2025, el Gobierno dominicano lanzó, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Respaldado por más de 120 entidades, el plan busca reducir en un 15 % anual las muertes por accidentes de tránsito hasta el 2030.
Entre las medidas previstas destacan: la implementación de un sistema de puntos para las licencias de conducir, fiscalización automatizada, aumento en el valor de las multas y educación vial desde las escuelas. Aunque el pacto abarca todo tipo de transporte, el sector de carga pesada es un componente prioritario en los operativos.
La regulación del transporte de carga en República Dominicana ha dado pasos importantes, pero el desafío estructural persiste. Se necesita una modernización integral del parque vehicular, una fiscalización constante y eficiente, y políticas públicas que equilibren el crecimiento económico con la seguridad vial y el bienestar laboral.
Solo con voluntad política, gestión transparente y la participación activa de todos los sectores será posible avanzar hacia un sistema de transporte de carga más seguro, ordenado y sostenible.
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