Estado dominicano solicita al TSA rescisión de contratos con Falconbridge y Gas & Oil Energy GOE

El Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), interpuso una demanda de rescisión de contratos contra la minera Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) y la empresa Gas & Oil Energy GOE, S.R.L., alegando incumplimientos contractuales, violaciones ambientales y laborales, así como la venta irregular de bienes vinculados a la concesión minera.

La acción fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, de la firma León & Raful, quienes solicitaron declarar la nulidad de los contratos de concesión firmados con Falcondo desde 1956, así como de sus convenios y adendas posteriores.

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Según la demanda, Falcondo incumplió reiteradamente sus obligaciones medioambientales, al no rehabilitar áreas degradadas ni manejar de manera adecuada los residuos tóxicos, provocando un grave deterioro ecológico en Quita Sueño de Haina, San Cristóbal.

Informes preliminares valoran los daños en más de 25 millones de dólares, en violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y a cláusulas expresas de los contratos.

En el ámbito laboral, se señala que desde 2023 la empresa violó las normas de protección a los trabajadores, generando la intervención del Ministerio de Trabajo por incumplimiento en el pago de salarios y beneficios adquiridos.

El Fonper también acusó a Falcondo de abandonar la concesión minera en 2024, dejando a miles de trabajadores desempleados y a comunidades en condiciones de deterioro social, económico y sanitario, lo que representa un incumplimiento grave que faculta al Estado a rescindir unilateralmente los contratos.

La demanda también cuestiona la venta de seis inmuebles vinculados a la concesión minera, realizada el 22 de enero de 2024 por Falcondo a GOE, por un monto de 11 millones de dólares.

Estos bienes incluían tanques de almacenamiento de hidrocarburos y oleoductos, cuya transferencia sin autorización del Ministerio de Energía y Minas es considerada nula de pleno derecho.

De acuerdo con el documento, GOE posteriormente procedió a fusionar y subdividir los terrenos adquiridos para simular legalidad en una operación que carece de validez.

El Estado pide al TSA rescindir los contratos de 1956 y 1969, junto con cualquier adenda o convenio derivado de los mismos, sosteniendo que los incumplimientos acumulados de Falconbridge afectan directamente el patrimonio público, el medioambiente y los derechos laborales.

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