La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó en cuanto al fondo la acción de amparo colectivo de extrema urgencia presentada contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso Parquéate RD, la cual buscaba detener la aplicación de multas de RD$5,000 a conductores por mal estacionamiento en espacios públicos.
En la sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00340, el tribunal resolvió: “SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, la referida acción constitucional de amparo colectivo de extrema urgencia; por las razones esbozadas en el cuerpo de la presente sentencia”.
El abogado Cirilo de Jesús Guzmán López, quien interpuso la acción, alegaba que Parquéate RD carece de facultad legal para imponer sanciones, ya que no es una autoridad gubernamental con competencia sancionadora, y que por tanto se vulneraban derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de legalidad.
No obstante, el TSA concluyó que no se configuraban violaciones constitucionales que justificaran la vía del amparo.
El tribunal destacó que no quedó demostrado que el Fideicomiso Parquéate RD haya impuesto las multas objeto de controversia, ni que se produjera una vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, el tribunal señaló que el accionante no acreditó la existencia de un acto administrativo concreto que impusiera dichas sanciones, ni precisó el fundamento legal en que se basarían, llegando incluso a admitir que desconocía los mecanismos mediante los cuales podrían aplicarse.
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