En agosto de 2022, el presidente Luis Abinader prometió que, para 2025, la República Dominicana contaría con una oferta de generación eléctrica muy superior a la demanda máxima anual, lo que permitiría establecer una reserva fría cercana a los 700 megavatios. Sin embargo, a pocos meses de finalizar el año, la meta se vislumbra más lejos.
Desde artistas hasta los sectores productivos, se han manifestado por el impacto de la crisis eléctrica que se vive: largas interrupciones del servicio, facturación elevada y una deficiencia operativa en las distribuidoras.
Para el 2022, el entonces ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reconoció públicamente que el país no contaba con una reserva fría, lo que estaba dejando al Sistema Electrico Nacional Interconectado (SENI) vulnerable frente a fallas, mantenimientos o aumentos repentinos en la demanda.
“En electricidad no hay productos de ciclo corto. Son productos de dos, tres o cuatro años. Y sí, estamos trabajando para resolver el problema de los apagones de manera definitiva”, declaró Almonte en ese momento, cuando el país pasaba por otra crisis en el sistema.
A raíz de esta situación, el presidente Abinader ordenó trabajar licitaciones para 2,000 megavatios de nueva capacidad entre 2022 y 2026. El objetivo era doble: satisfacer la creciente demanda y garantizar una reserva fría funcional.

Una reserva fría es una planta completamente apagada que puede activarse si falla otra o si la demanda supera la capacidad instalada.
A diferencia de las reservas rotantes o calientes que responden en segundos o minutos, las reservas frías tardan varias horas o incluso días en entrar en operación. Su función es esencial: evitar apagones masivos en momentos de crisis. En los sistemas eléctricos modernos, su existencia es sinónimo de seguridad energética.
Emergencia energética y un sistema en crisis
El pasado martes, el presidente Abinader emitió el Decreto 517-25, declarando en estado de emergencia nacional el sector, lo que da paso a un proceso más sencillo para las compras y contrataciones destinadas a fortalecer el sector. La medida, con vigencia de 12 meses, incluye:
- Instalación de nuevas plantas térmicas de respuesta rápida
- Incorporación de bancos de baterías y sistemas de almacenamiento
- Rehabilitación de redes eléctricas deterioradas
- Compra de equipos, repuestos y materiales
- Contratación urgente de consultorías técnicas especializadas
El gobierno también declaró de interés nacional la ampliación de la matriz de generación eléctrica para responder a un aumento súbito de la demanda y reducir la vulnerabilidad estructural del sistema.
Fallas recientes, apagones y quejas ciudadanas

Cuando el Gobierno reconoció el crítico estado del servicio eléctrico, ocurrió otro evento en una línea de transmisión que impactó las plantas de AES Dominicana, afectando a las distribuidoras Edesur, Edenorte y Edeeste. Múltiples circuitos quedaron fuera de servicio, dejando zonas enteras sin electricidad durante horas.
Aunque las empresas informaron que el servicio se restableció pasada la 1:00 de la tarde, el incidente evidenció la fragilidad del sistema eléctrico y su limitada capacidad de respuesta preventiva.
El consumo elevado, impulsado por las altas temperaturas, también ha disparado las quejas por facturación. Según datos oficiales de Protecom, más de 48,300 usuarios han presentado reclamos este año, en su mayoría por cobros excesivos. Edeeste encabeza la lista de denuncias, seguida por Edesur y Edenorte.
El presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, atribuyó el alza en las facturas a un mayor uso de aire acondicionado, aclarando que no se ha modificado la tarifa. Sin embargo, reconoció que el sistema enfrenta pérdidas técnicas y no técnicas, producto de años sin inversiones en redes, conexiones ilegales y equipos obsoletos.
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Aunque el plan energético anunciado en 2022 contemplaba resultados hacia 2026, la ausencia de una reserva fría en 2025 año clave de la promesa presidencial sugiere que los avances han sido insuficientes para garantizar un sistema robusto.
A pesar de las licitaciones en marcha y de la expansión de líneas de transmisión, los cortes de energía, las quejas ciudadanas y la reciente declaración de emergencia indican que el país aún no ha alcanzado los estándares mínimos de seguridad energética prometidos hace tres años.
A casi tres años del anuncio presidencial, la promesa de una República Dominicana sin apagones sigue sin cumplirse. El decreto de emergencia no solo revela la gravedad de la situación, sino que plantea dudas sobre la capacidad de ejecución del plan original.
Mientras tanto, millones de dominicanos siguen enfrentando interrupciones diarias, facturas elevadas y un sistema eléctrico que, lejos de fortalecerse, requiere medidas urgentes para no colapsar.
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