La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presuntas irregularidades en el proceso de licitación realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la adjudicación del contrato de emisión de licencias de conducir al Consorcio Mobility ID.
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, advirtió sobre los riesgos de seguridad nacional que representa que la data personal de los ciudadanos dominicanos, correspondiente a cédulas, pasaportes y licencias de conducir, se encuentre bajo el control de un mismo grupo empresarial privado, al señalar que esto podría facilitar la manipulación o creación de identidades falsas.
En una instancia depositada ante la PEPCA y dirigida a su titular, la licenciada Mirna Ortiz, ADOCCO solicitó una investigación exhaustiva sobre el proceso de licitación, alegando que el mismo fue diseñado para favorecer a un solo oferente, el Consorcio Mobility ID, compuesto por las empresas Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp, Consorcio STC, S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, Industria e Comércio e Importação e Exportação de Equipamentos Ltda., entre otras.
De la Rosa Tiburcio aseguró que Mobility ID habría falsificado documentos sobre la impresora láser CLM600, presentándose como fabricante, tal como exigía el pliego de condiciones del INTRANT. Sin embargo, al analizar las pruebas, ADOCCO concluyó que el consorcio no cumple con esa condición y que manipuló los datos para obtener ventaja en la licitación.
El dirigente de ADOCCO explicó que, pese a las impugnaciones presentadas por irregularidades en el proceso, el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, encabezado por el ingeniero Milton Morrison, ignoró las objeciones y continuó con la adjudicación, incluso adelantando la apertura del sobre B para asegurar la ventaja del consorcio.
Según De la Rosa Tiburcio, las condiciones impuestas en la licitación “fueron tan restrictivas que solo Mobility ID pudo participar”, destacando entre ellas la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares, que limitó la participación de otros oferentes.
ADOCCO acusa al ingeniero Milton Teófilo Morrison Martínez de confabulación con el consorcio adjudicatario, por hechos que podrían constituir violaciones a los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal dominicano, sobre falsificación de documentos públicos, así como a los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y a las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La organización también cita posibles infracciones a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, asegurando que el contrato, valorado en 8,400 millones de pesos, fue adjudicado de manera fraudulenta y en violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
ADOCCO reiteró su llamado a la PEPCA para que actúe “con celeridad, independencia y rigor técnico”, indicando que ha aportado todas las pruebas necesarias que sustentan las denuncias de falsificación, manipulación del proceso y vulneración de los principios de transparencia que deben regir las contrataciones públicas.
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