En la República Dominicana de 2025 existe una curva invertida e insostenible que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría: los platos en restaurantes de lujo los pagan quienes los lavan, financiándolos con los impuestos de sus salarios mínimos. Esta metáfora ilustra con crudeza la distorsión que afecta a nuestro sistema eléctrico, donde, bajo los reglamentos actuales, los generadores ganan siempre, mientras la carga recae sobre la población.
Mientras el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, anuncia una inversión de capital adicional de RD$18,000 millones para el sector eléctrico y destaca los beneficios de la reforma fiscal para mejorar la eficiencia del sistema, una realidad obstinada persiste: el Estado dominicano transfirió US$1,769.1 millones al sector eléctrico en 2024, equivalente a casi cinco millones de pesos por cada usuario formal del servicio. Esta sangría de recursos ocurre en un país donde las tarifas eléctricas superan el promedio de los países de América Central —un 21.1 % más altas para usuarios industriales—, afectando brutalmente nuestra competitividad.
Una crisis en números rojos
El diagnóstico del sistema eléctrico dominicano revela síntomas alarmantes que van más allá de los apagones esporádicos que sufren los ciudadanos:
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Pérdidas técnicas y no técnicas del 43.9 % en 2024, con solo el 61.9 % de la energía generada siendo facturada.
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Precios comerciales e industriales muy por encima del promedio regional, lo que mina la competitividad de nuestra economía.
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Una demanda que supera los 4,000 megavatios en 2025, con una capacidad instalada que no crece al mismo ritmo.
Estas cifras reflejan lo que el Nobel Joseph Stiglitz definió con precisión: “El crecimiento es insostenible cuando no es compartido”. El papel lo aguanta todo, pero la realidad de la gente no. Quien tiene hambre no puede esperar para no morir hambriento y bien frustrado.
Raíces históricas de un descalabro anunciado
Para comprender cómo hemos llegado a esta situación, debemos remontarnos a las décadas de transformaciones —entre aciertos y desaciertos— que han marcado nuestro sistema eléctrico.
El problema no es nuevo: desde la época de Trujillo, con su “Plan de Electrificación Total”, que incluía una central nuclear que terminó instalándose en Checoslovaquia, hemos arrastrado una crisis de planificación y cumplimiento.
Entre 1956 y 1992, la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) impulsó al menos cuatro planes formales de ampliación, pero ninguno fue ejecutado por completo. El más avanzado apenas llegó a un 60 % u 80 % de implementación, lo que significó que “la oferta siempre se mantuvo inferior a la demanda”.
La capitalización del sector en 1997, mediante la Ley 141-97, que fragmentó la CDE y creó las empresas de generación, transmisión y distribución que conocemos hoy, generó sus propios inconvenientes. Los contratos derivados de esta privatización fueron “pésimamente concebidos, con muy mala estructura”, incluyendo esquemas de ajuste de costos confusos y altamente beneficiosos para los generadores.
El resultado fue que, en mayo del año 2000, el subsidio mensual superó la suma total de subsidios de todo 1998, el año anterior a la capitalización. La gravedad obligó al Gobierno a renegociar con urgencia en el “Acuerdo de Madrid” (2001), que solo solucionó el problema a medias, persistiendo sobrecostos estimados de tres a cinco centavos de dólar por kilovatio hora. Cada centavo extra representa unos 200 millones de dólares anuales que el Estado debe cubrir.
Un mercado distorsionado que premia al que no debe
Si bien el despacho por orden de mérito es técnicamente eficiente, la regla de pagar a todos al precio del combustible más caro es una injusticia que perpetúa un sistema fallido. Esta distorsión encuentra su correlato en prácticas históricas como los contratos “MIG-R” de los 90, que contenían “cláusulas desfavorables para la nación” y “una fórmula defectuosa de ajuste de combustible”.
El experto José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la UASD, lo explica sin ambages: “Había ignorancia en quienes participaron en el proceso, y ante tal desconocimiento, los agentes externos se aprovechaban. Entonces, te imponían precios insostenibles”.
Lamentablemente, esta práctica de concretar “contratos PPA sin licitación” es una “mala práctica que aún hoy persiste”.
El camino hacia una reformulación valiente
Frente a este panorama desolador, existen señales esperanzadoras que deben potenciarse:
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El primer sistema de almacenamiento de energía de cuatro horas estará operativo a mediados de 2025, asociado a un proyecto solar.
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La Resolución CNE-AD-0005-2024 establece condiciones más favorables para proyectos que integren sistemas de almacenamiento con fuentes renovables variables.
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El Plan Energético Nacional (PEN) establece metas claras: 25 % de generación con fuentes limpias para 2025 y 30 % para 2030.
Estos avances tecnológicos y regulatorios son loables, pero insuficientes. Urge un nuevo pacto eléctrico que incluya:
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Revisión del mecanismo de precios para eliminar la injusticia de pagar todos al precio del combustible más caro.
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Integración operativa donde los generadores asuman un rol accionarial mayor en las distribuidoras, operándolas como una empresa unificada para ganar eficiencia.
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Saneamiento definitivo del crónico problema de los documentos del BCRD y Hacienda, con un plan de desmonte definido.
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Transparencia radical en la contratación de energía, eliminando definitivamente los PPA sin licitación.
No es momento de dietas para los vulnerables
El Gobierno actual ha reconocido la necesidad de inversión, señalando que “la modernización y ampliación de nuestra infraestructura eléctrica es crucial para ofrecer un servicio más estable y confiable”. Incluso se proyecta que “en los próximos cuatro años el sistema se incrementará en unos tres mil megavatios”.
Pero no es momento de dietas para los vulnerables, sino de cirugía mayor a un modelo que tiene a la economía en cuidados intensivos. Como los Blue Jays de Toronto, que contra todo pronóstico lograron alinearse en un solo sentir, debemos construir una visión compartida donde todos rememos hacia el mismo objetivo.
El verdadero triunfo no es crecer, sino crecer sanos. En mis empresas operamos bajo un axioma simple pero profundo: somos una familia donde el sustento y el abrigo son la base desde la que crecemos juntos, sin dejar víctimas en el camino. Esta misma filosofía debe guiar nuestra política energética.
Llamado a la acción
La transición energética no puede ser solo un eslogan atractivo para conferencias internacionales. Debe ser un instrumento de justicia social que asegure que el crecimiento económico no solo se refleje en los indicadores macroeconómicos, sino en el bolsillo de los dominicanos que hoy pagan tarifas exorbitantes por un servicio irregular.
Exijamos políticas que no solo dibujen un futuro en un papel, sino que provean un plato en cada mesa hoy. Es la única manera de lograr una victoria que, al final, sea de todos. El país lo tiene todo, pero va en reversa. Exigimos coraje para cambiar esta realidad.
