Más de 30 proyectos de reconstrucción, ampliación y rehabilitación de puentes, badenes y sistemas de drenaje se mantienen en ejecución en la República Dominicana entre 2022 y 2025, como parte de un programa nacional destinado a enfrentar años de deterioro acumulado en la infraestructura vial y los estragos provocados por eventos climáticos.
De acuerdo con los datos del Mapa de Inversiones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), estas obras no solo buscan corregir daños estructurales, sino también “preparar a las comunidades frente a futuros eventos climáticos que puedan comprometer su movilidad o dejarlas aisladas”, una vulnerabilidad recurrente en varias regiones del país.
Los trabajos se extienden por diversas zonas, desde grandes centros urbanos hasta comunidades rurales. En el Gran Santo Domingo incluyen intervenciones en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte; mientras que en el interior abarcan Santiago, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte y Pedernales.
A estas intervenciones se suman sectores populares como Cristo Rey, Ranchito, Mata Larga, Juan Adrián, Rancho Arriba, Benito Monción, Yolanda Guzmán, Hato Nuevo y Sabana Perdida, donde los puentes y sistemas de drenaje se habían convertido en puntos críticos para residentes, transportistas y productores agrícolas.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encabeza este conjunto de trabajos, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial, recuperar estructuras en riesgo y fortalecer la conectividad en zonas urbanas y rurales que dependen de estas rutas para desplazarse, mover mercancías y acceder a servicios esenciales.
Leer más: MOPC cerrará 45 pasos a desnivel y puentes en el GSD por mantenimiento
Un programa con obras en diferentes etapas de avance
El avance del programa presenta ciertas diferencias, con obras que ya se aproximan a su fase final, mientras otras aún permanecen rezagadas.
Entre las estructuras con mayor avance destacan varias ubicadas en el Distrito Nacional y en la región norte. El puente sobre la cañada 30 de Mayo, en Cristo Rey, registra más de un 80 % de ejecución, convirtiéndose en una de las obras más próximas a concluir, según el Mapa de Inversiones. En ese mismo entorno, la rehabilitación del puente Simón Bolívar supera el 60 %, con mejoras ya visibles en la circulación vehicular y peatonal.
En la provincia Santiago, el puente Mata Larga sobrepasa el 50 % de ejecución, consolidándose como una de las obras más relevantes del período por su complejidad y por la magnitud de la inversión destinada a la región.
También avanzan las obras en sectores como Ranchito, en la provincia Duarte, donde la intervención del puente de Villa Riva figura entre las prioridades locales.
Sin embargo, otras intervenciones avanzan con mayor lentitud. En el Distrito Nacional, la rehabilitación del puente de la calle Benito Monción no supera el 10 %, situación similar a la del puente de la calle Yolanda Guzmán, donde la ejecución permanece en niveles mínimos pese a la importancia de esa vía para los residentes.
Lo mismo ocurre en Juan Adrián y Rancho Arriba, en Monseñor Nouel y San José de Ocoa, respectivamente, donde los trabajos siguen en fases tempranas.
A ello se suman dos sistemas de drenaje pluvial en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, ambos por debajo del 25 % de avance. En la región del Cibao, el puente Soto, en La Vega, también permanece por debajo del 25 %, afectando la conectividad rural y limitando el acceso de productores y habitantes a rutas estratégicas de la provincia.
Leer más: Obras Públicas cerrará el Puente Flotante por cinco días por trabajos de mantenimiento
Inversiones que superan los RD$2,000 millones
El programa contempla obras de gran peso económico y social, que representan inversiones decisivas para fortalecer la infraestructura vial del país. Solo este grupo de proyectos supera los RD$2,000 millones en contratos.
Entre estas obras destaca el puente Mata Larga, en Santiago, cuya intervención asciende a RD$179 millones. Por su costo, pero sobre todo por lo que significa para la movilidad entre comunidades rurales y urbanas, es una de las estructuras más importantes del período. Para los productores agrícolas del norte, este puente es una vía de conexión debido a que por ahí circulan cargas, cosechas y el acceso a mercados y centros de distribución.
Otro proyecto es el puente Ranchito, en La Vega, con una inversión de RD$108 millones, el cual conecta zonas productivas que abastecen a varios municipios del Cibao, por lo que su rehabilitación se considera estratégica. Su reparación no solo mejora la seguridad vial, sino que también ayuda a reducir costos logísticos y a fortalecer la competitividad de pequeños y medianos productores.
A esta lista se suma el puente que enlaza a Juan Adrián y Rancho Arriba, una vía que une comunidades de Monte Plata y Monseñor Nouel. Con una inversión de RD$99.4 millones, su reconstrucción busca asegurar un corredor agrícola utilizado por productores de café, aguacate y cultivos de montaña que dependen de esta ruta para mover sus cosechas y conectar con las arterias viales centrales del país.
Se trata de obras clasificadas como de alto impacto económico y social. Más allá del hormigón y el acero, representan mejoras que pueden transformar la rutina diaria de miles de familias que dependen de la agricultura, el comercio y el transporte para sostenerse.
Los trabajos forman parte de una agenda que se volvió urgente tras los daños acumulados por fenómenos climáticos. Eventos como los huracanes Fiona y Laura, además de múltiples vaguadas que impactaron el territorio entre 2020 y 2024, provocaron el colapso de puentes, el deterioro acelerado de drenajes y el aislamiento temporal de comunidades completas. Los informes técnicos divulgados en ese período advirtieron que la infraestructura vial del país había llegado a un punto crítico en varias zonas, especialmente aquellas atravesadas por cañadas o ríos de crecida rápida.
En sectores del Gran Santo Domingo, por ejemplo, las lluvias intensas provocaron fallas en sistemas de desagüe, mientras en provincias del interior la erosión de terrenos y los desbordamientos dejaban incomunicados a barrios y parajes durante días. Estas alertas impulsaron una reorientación de prioridades y obligaron a acelerar los procesos de intervención.
