En Colombia, un proyecto de decreto que contempla un aumento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026 ha encendido las alarmas en distintos sectores de la economía regulada, entre ellos el de los combustibles líquidos, donde empresarios advierten un fuerte impacto financiero.
Representantes de las estaciones de servicio señalan que, a diferencia de otras actividades económicas, este sector no puede trasladar de forma inmediata el incremento de costos a los precios finales, ya que estos están regulados por el Estado. Esta situación generaría una presión directa sobre la rentabilidad desde el inicio del próximo año.
Javier Vargas, empresario del sector, explicó que el problema central radica en el desajuste entre el aumento de los costos laborales y la actualización de los ingresos. Según indicó, los márgenes del negocio —tanto mayoristas como minoristas— se revisan en momentos específicos del año y con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que no coincide con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo en enero.
Este desfase, afirmó, provoca que las estaciones de servicio deban asumir mayores costos durante varios meses sin un ajuste equivalente en sus ingresos. Además, advirtió que el componente laboral, que crece en función del salario mínimo, no es plenamente reconocido en la fórmula de actualización de los márgenes, ya que estos se ajustan por inflación, la cual se estima entre 6 % y 7 %, muy por debajo del incremento salarial propuesto.
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La preocupación del sector aumenta ante la decisión del Gobierno colombiano de fijar el salario mínimo por decreto y con un incremento de dos dígitos, lo que, según los empresarios, ampliaría aún más la brecha entre costos e ingresos regulados.
Desde la perspectiva empresarial, también se cuestiona la coherencia de la política pública. Vargas sostuvo que, mientras el Gobierno exige el cumplimiento estricto de las obligaciones laborales y condiciones dignas para los trabajadores, no reconoce de manera proporcional los costos que estas exigencias generan en un sector cuyos márgenes son definidos por el propio Estado.
Finalmente, recordó que las tarifas y márgenes del negocio de combustibles están regulados por las autoridades, lo que limita la capacidad de reacción de las empresas frente a cambios abruptos en los costos operativos, incluidos los derivados de reformas laborales recientes.
El debate continúa en Colombia, donde el sector de combustibles advierte que, de no corregirse estos desajustes, el aumento del salario mínimo podría comprometer la sostenibilidad de muchas estaciones de servicio en el país.
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