Mañana, miércoles 28 de enero, entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una normativa que sustituye por completo la Ley 340-06, vigente desde 2006, e introduce sanciones penales contra funcionarios y legisladores que comercialicen con el Estado.
La ley fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader. Según informó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, el reglamento de aplicación será publicado este martes, previo a su entrada en vigor.
Entre los cambios más relevantes, la nueva legislación incorpora un título penal que establece penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien o se beneficien de contratos con el Estado.
Asimismo, contempla penas de hasta 10 años de cárcel para contratistas y empresarios que ofrezcan sobornos o incurran en prácticas corruptas para obtener obras, bienes o servicios públicos.
La ley también sanciona la falsificación de información, el tráfico de influencias y la participación en contrataciones prohibidas.
La normativa derogada, aunque prohibía que los funcionarios se beneficiaran de contratos públicos, no contemplaba sanciones penales, limitándose únicamente a medidas administrativas como la inhabilitación del cargo y remitiendo las consecuencias penales a otras leyes.
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Tienda Virtual y controles más estrictos
Otra de las novedades es la obligatoriedad de adquirir bienes y servicios a través de una plataforma oficial en línea, denominada Tienda Virtual, siempre que los productos estén disponibles en ella.
Las instituciones solo podrán contratar fuera de este mecanismo si demuestran que existen mejores condiciones y cuentan con la autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, la ley prohíbe fraccionar contrataciones para evadir controles o licitaciones y establece que no podrán realizarse contrataciones separadas, dentro de un período de tres meses, para el mismo tipo de bien o servicio.
Uso obligatorio del sistema electrónico
La legislación también institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, donde deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre.
Cualquier contratación realizada fuera del sistema carecerá de validez legal y podrá ser sancionada.
Impulso presidencial y consenso legislativo
En noviembre de 2024, el presidente Abinader solicitó al Congreso agilizar la aprobación de la ley, que permaneció varios meses estancada en la Cámara de Diputados por desacuerdos entre distintos sectores.
Ocho meses después, ambas cámaras lograron un consenso, permitiendo su aprobación y promulgación definitiva, lo que da paso a su entrada en vigencia esta semana.
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