Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reveló que el Estado dominicano dejó de recaudar RD$383,566 millones solo en 2025 debido a las exenciones, una proporción significativa de los cuales está vinculada a energía e hidrocarburos, especialmente a exenciones de combustibles para generación eléctrica. El informe estima que, entre 2008 y 2025, el sacrificio fiscal acumulado asciende a RD$1.295 billones.
La investigación fue elaborada por los economistas Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, quienes señalan que estos incentivos se concentran en sectores privados estratégicos —zonas francas, generación eléctrica, turismo y contratistas del Estado— sin evaluaciones periódicas de resultados ni análisis de costo-beneficio actualizados.
Energía y combustibles concentran una parte relevante del gasto tributario
Según el estudio, el 40 % del gasto tributario privado beneficia a las zonas francas, mientras que el 21 % corresponde a exenciones de combustibles para generadores eléctricos, un componente directamente ligado al sector energético y a los hidrocarburos. A esto se suman los incentivos al turismo (8 %) y a suplidores y constructoras del Estado (5 %).
Los autores advierten que estos incentivos carecen de límites temporales y mecanismos de evaluación, lo que dificulta medir su impacto real sobre la eficiencia energética, la inversión o el desarrollo económico.
Impacto fiscal y presión sobre el presupuesto público
El informe destaca que el gasto tributario promedio representó el 5.3 % del PIB durante el período analizado. En 2025, el monto dejado de recaudar superó el presupuesto conjunto asignado a 10 ministerios para 2026 y excedió en más de RD$215,000 millones la inversión de capital presupuestada para ese año.
Esta renuncia de ingresos, señalan los investigadores, limita la capacidad del Estado para financiar servicios básicos y derechos sociales, en un contexto donde la presión tributaria ronda entre 14 % y 15 % del PIB, muy por debajo de la meta de 21.5 % establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y del promedio regional de 23.5 %.
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Desigualdad y dependencia del consumo
El estudio subraya que el esquema actual profundiza la desigualdad social. En República Dominicana, el 10 % más rico concentra el 59.5 % del PIB, mientras que el 1 % de mayores ingresos acapara el 24.9 %. En contraste, el 50 % de la población con menores ingresos apenas accede al 4.6 % de la riqueza nacional.
Para compensar la pérdida de ingresos derivada de las exenciones —incluidas las asociadas a energía y combustibles— el Estado ha recurrido a mayores impuestos al consumo, a la no indexación plena del impuesto sobre la renta de los asalariados y a un endeudamiento público que ronda el 47 % del PIB, superando los US$60,000 millones.
Llamado a reformar la política fiscal y energética
Ante este panorama, los autores plantean la urgencia de una reforma fiscal integral y justa, que incluya revisar las exenciones al sector energético, gravar la riqueza y la capacidad real de pago, aliviar la carga sobre salarios y bienes esenciales, reducir el peso del ITBIS y contener el crecimiento de la deuda pública.
“El problema no es la falta de recursos, sino a quién se le cobra y a quién no”, concluye el estudio, que insta a reorientar la política fiscal —incluida la vinculada a energía e hidrocarburos— para reducir la desigualdad y promover una prosperidad más equitativa.
