A pesar del caos persistente en el tránsito y de la limitada cobertura del transporte público colectivo, el parque vehicular de la República Dominicana continúa creciendo con una alta proporción de vehículos antiguos, una realidad que plantea serios desafíos para la seguridad vial, la salud pública y el medio ambiente.
De acuerdo con los datos más recientes disponibles en el portal de Transparencia de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al 31 de diciembre de 2024 el país contaba con 6,194,052 vehículos registrados, de los cuales al menos el 62 % tenía más de una década de circulación.
Las cifras oficiales revelan que 26.3 % del parque vehicular corresponde a unidades fabricadas en el año 2000 o antes. Esto equivale a 1,631,006 vehículos con más de 25 años de uso, un segmento que concentra buena parte de los problemas asociados a emisiones contaminantes y fallas mecánicas.
Diversas estimaciones y recomendaciones internacionales advierten que los vehículos con más de 10 años pueden ser hasta 20 veces más contaminantes que los modelos más recientes. En el caso dominicano, esta situación se ve agravada por la ausencia de programas efectivos de retiro de vehículos obsoletos y la falta de incentivos públicos para eliminar las denominadas chatarras.
Si se consideran las unidades fabricadas entre 2000 y 2020, estas representan más del 78.7 % del parque vehicular, confirmando el peso estructural de los vehículos de mediana y alta antigüedad en la flota nacional.
Una flota dividida entre lo antiguo y lo nuevo
Pese al predominio de vehículos envejecidos, los datos muestran una dualidad marcada en el mercado dominicano. Conviven unidades muy antiguas con una presencia significativa de vehículos modernos, especialmente los fabricados entre 2021 y 2024, que lideran los registros más recientes.
Al cierre de 2024, las unidades de vehículos más nuevas se distribuían de la siguiente forma:
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2024: 384,916
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2023: 343,016
- 2022: 284,084
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2021: 301,529
Los registros reflejan que, a partir de 2006, la proporción de vehículos fabricados en años más recientes tiende a aumentar. En términos históricos, el parque vehicular ha crecido a un ritmo promedio anual de 6.4 %, con fluctuaciones asociadas a los ciclos de importación.
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Las chatarras: un problema de salud y seguridad
Una parte crítica del deterioro del parque vehicular se manifiesta en la acumulación de vehículos abandonados en las vías públicas. Aunque no existen estadísticas oficiales precisas, se estima que cientos de miles de unidades en condición de chatarra afectan espacios urbanos y rurales, así como instituciones públicas y privadas.
El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Williams Pérez Figuereo, impulsa el Plan Cero Chatarra, una iniciativa privada que en su primer año ha logrado retirar más de 856 vehículos en estado de abandono.
Según el dirigente, estos vehículos se convierten en focos para la proliferación de mosquitos, ratas y cucarachas, vectores de enfermedades respiratorias y otros patógenos, además de representar riesgos de seguridad ciudadana, al ser utilizados como refugio para actividades delictivas.
El costo promedio para destruir un vehículo asciende a RD$65,000, mientras que el programa ofrece un bono de RD$50,000 a los propietarios que entregan unidades canjeables, a través de concesionarios asociados. Pérez Figuereo subraya la necesidad de que el Estado asuma un rol activo para ampliar el alcance del plan.
Brechas en la aplicación de la ley
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos que pierdan las condiciones mínimas de seguridad deben ser retirados de circulación hasta corregir las fallas detectadas por el Sistema de Inspección Técnica Vehicular.
El artículo 170 dispone la pérdida del marbete de inspección, multas equivalentes a un salario mínimo del sector público centralizado y la reducción de puntos en la licencia. No obstante, la aplicación de la ley presenta brechas significativas, especialmente en el transporte público, donde muchos vehículos sindicalizados continúan operando en condiciones deficientes.
Más de 20 años sin revisión técnica obligatoria
Aunque la legislación dominicana exige una inspección técnica anual para todos los vehículos, el país lleva más de dos décadas sin un sistema formal de revisión, tras el cierre de los antiguos centros de revisión vehicular.
El Reglamento de Inspección Técnica Vehicular, publicado en enero de 2019, establece revisiones anuales, bianuales o semestrales según el tipo y uso del vehículo. Sin embargo, los intentos de implementación han enfrentado retrasos. Una licitación convocada en 2020 fue declarada desierta, y en 2022 el proyecto fue declarado de interés público bajo el esquema de alianzas público-privadas.
En octubre de 2025, el Gobierno anunció que el programa se concretará con una inversión privada inicial de US$88 millones, destinada a la construcción y equipamiento de estaciones de inspección en todo el país. El sector automotriz, a través de Acofave, ha respaldado la iniciativa, señalando su impacto positivo en la seguridad vial, la reducción de emisiones y la disminución de fatalidades por accidentes.
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